Recientemente se ha publicado el documento titulado ‘Propuestas de la CEPYME para el nuevo Gobierno’, dictado por esa organización empresarial que defiende los intereses de las pequeñas y medianas empresas. El documento consta de diez propuestas en relación con las principales necesidades que padecen las pymes, unas medidas con las que paliar las actuales carencias en relación con la promoción del tejido empresarial de nuestro país.
En efecto, en el mes de abril de 2023 el número de trabajadores autónomos era de 2.335.194 (Castilla y León 187.062), mientras que en Segovia el número de dichos trabajadores ha bajado de los 15.788 en enero de 2009 a 14.066 en 2023 (incluidos los autónomos en el sector de la agricultura y ganadería.
La primera propuesta planteada por aquella organización es aumentar la competitividad de la economía española mediante la disminución de la presión impositiva que genere una reducción de costes y un impulso a la inversión. Una reducción además de las cotizaciones sociales, dado que dichas cotizaciones tienen un mayor impacto en las pymes, de manera que no se penalice la competitividad de las empresas. La segunda medida apela a la disminución del gasto público estructural, un gasto financiado con constantes incrementos impositivos, cuando el Programa de Estabilidad 2023-2026 dictado por el Gobierno en marzo de 2023 prevé un déficit estructural del 3,4% del PIB e inasumible. En concreto, para el año 2026 se prevé aquel déficit en un –2,5% y una deuda pública del 106,8% del PIB, lo que no deja margen de maniobra ante otras crisis, por lo que es necesario una consolidación fiscal. En tercer lugar, los empresarios abordan la necesidad de garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones y que asegure la cohesión social de nuestro país. La financiación sostenible del sistema de pensiones no puede mermar la capacidad productiva de la economía española. En este sentido, en los últimos años se han incrementado las cotizaciones como único instrumento para compensar el déficit de ingresos de la Seguridad Social, de modo que las bases mínimas de cotización han subido más de un 50% y cerca de un 20% las bases máximas, de manera los tipos de cotización se han situado como los terceros más elevados de toda la Unión Europea, con la tendencia a un aumento continuado que pone en peligro la competitividad de nuestras empresas.
La cuarta propuesta aboga por el crecimiento del tamaño medio de la empresa española, dado que el tamaño de la empresa española es de los más reducidos de Europa, lo que genera una menor productividad. Las pequeñas empresas cuentan con menos capacidad para atraer inversión, innovar y crear más empleo. Impulsar el crecimiento del tamaño de la empresa española podría aumentar el PIB en un 5,5% y crear más de 1,3 millones de empleos, al propio generar nuevos ingresos tributarios con los que reducir el actual déficit fiscal. Lo cual debería llevar consigo la evaluación de aquella regulación tributaria, contable y laboral que impide aquel crecimiento empresarial, de modo que se flexibilice los escalones regulatorios que impiden el crecimiento.
Una medida también interesante es la referente a la reducción del exceso regulatorio que impide el crecimiento económico al absorber recursos económicos de las empresas con el impacto económico negativo en materia de crecimiento. Me estoy refiriendo a los costes derivados del cumplimiento de la normativa vigente, lo que determina la necesidad de una reducción de las cargas burocráticas impuestas por las Administraciones Públicas, lo que debe llevar consigo la adecuación de las normas a la realidad empresarial española, el fomento de las declaraciones responsables y la eliminación de las trabas que impiden a las empresas españolas competir con las de los otros países.
Mientras que la sexta propuesta aboga por la creación de un mercado laboral español competitivo mediante la búsqueda de un adecuado equilibrio entre estabilidad y flexibilidad. Los costes laborales han de ser competitivos para las empresas, en especial en lo referente a las cotizaciones sociales, al propio tiempo que el sistema educativo ha de adaptarse a las necesidades del tejido empresarial español con la oferta de profesionales en los ámbitos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, en los proyectos vinculados a la transición ecológica o a proyectos de inversión en I+D+i, de manera que se asegure la capacidad de crecimiento futuro de la economía española, junto con la potenciación de la Formación Profesional.
En séptimo lugar, se ha de estudiar el impacto de la subida del salario mínimo en la pyme española, consecuencia de que la pretensión de fijar un salario mínimo que sea equivalente al 60% del salario medio nacional puede ser contraproducente, al no poder ser asumido el importe por las pymes españolas.
Otra propuesta hace referencia a la necesidad en España de evitar la fragmentación del mercado nacional por la proliferación de múltiples normativas a cargo de las diferentes Administraciones. Aquella fragmentación impide la competencia y perjudica a los intereses de los ciudadanos y las empresas, por lo que es necesario la generación de una normativa nacional que articule unos mecanismos de coordinación que eviten aquella fragmentación del mercado español por las diferentes legislaciones autonómicas y locales.
En noveno lugar, se pone énfasis en que los Fondos europeos pueden ser una gran oportunidad para el crecimiento de la economía española, pero también ha de quedar claro que las prioridades señaladas por la Comisión Europea no necesariamente han de coincidir con las necesidades reales de la economía española. Los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia deben ser accesibles a las pymes, en definitiva es necesario que se minimicen los tramites burocráticos en las solicitudes y se flexibilicen los requisitos de las convocatorias. Por último, las pymes proponen la instauración de unas medidas de lucha contra la morosidad que merma la liquidez y aumenta los costes financieros de las pequeñas y medianas empresas, recordemos que estas pymes soportan una deuda comercial superior a los 200.000 millones de euros, con unos gastos financieros de 2.600 millones.
Unas propuestas acertadas para la economía española y para las pymes segovianas. En este sentido, el 54,36% de las empresas segovianas carecen de asalariados y solamente había 11 de empresas de más de 200 trabajadores de un total de 10.821 en 2020. Mientras que el comercio y la hostelería representan el porcentaje del 53,1% de las 10.850 empresas en Segovia en 2022, a diferencia de la industria que cuenta con 789. En resumen, las medidas sugeridas por la CEPYME son concordantes con las aspiraciones de las pymes segovianas, necesitadas de un aumento de tamaño y de una ampliación de los sectores de actividad.
