Encrucijada

Las diversas crisis que se superponen en España están empezando a hacer mella no solo en la convivencia sino también en el carácter español. Una especie de pesimismo antropológico que a muchos que nacimos al final del franquismo y hemos conocido la Transición y el período de progreso, concordia y libertad que nos trajo el reinado de D. Juan Carlos, pensábamos que estábamos dispensados o exentos de ese mal tan español que es el cainismo y la discordia.

Uno de los padres de la Constitución que siempre se distinguió tanto por su pesimismo como por su inteligencia, José Pedro Pérez-Llorca, solía decir que la Transición había sido un proceso único en la historia de España, un momento de lucidez irrepetible. Ya lo decía Unamuno, “recobran fuerza nuestros vicios nacionales y castizos todos, la falta de lo que los ingleses llaman ‘sympathy’, la incapacidad de comprender y sentir al prójimo es (…) de güelfos y gibelinos, aquel absurdo de qui non est mecum, contra me est.”.

Un pesimismo que nos enlaza con el desastre del 98 aunque sin el regeneracionismo que vino después, ya que el supuesto regeneracionismo ha llegado antes, de manos de la “nueva política” con los efectos perfectamente descriptibles. Así que parece que nos quedamos solo con el desánimo frente a la cada vez más profunda crisis múltiple, sin que a corto plazo asome un plan que nos ancle a Europa y a la modernidad. Sufrimos tres crisis exógenas y cuatro endógenas: nos llega de fuera una emergencia sanitaria, a la que se le suma una crisis económica de una envergadura desconocida y una social; y como carpetovetónicas, una de gobernabilidad, otra territorial, otra política y por si no era poco, una institucional. En algunas de ellas, el Gobierno aparece como el instigador o cooperador necesario, lo que profundiza en la desmoralización de los constitucionalistas. Ya lo dijo Felipe González después de la crisis ‘subprime’ de 2008: “De la crisis financiera saldremos, pero de la territorial costará más”.

Con la llegada del reinado de D. Juan Carlos I, el debate político se dividía entre reforma y ruptura: los aperturistas y la oposición moderada del régimen abogaban por la primera, y la oposición radical en la clandestinidad —ya por entonces poca— por la segunda. Unos creían en la posible evolución del régimen y otros en el adanismo hispano español de la tabla rasa. Hoy, desde algunos elementos del gobierno se pretende traer este debate sin tener en cuenta las trampas que los historiadores advirtieron hace mucho: ni la Transición es el resultado lógico de la transformación de la clase media de los años sesenta, ni es un pacto de las élites para que todo siguiera igual. Este determinismo no tiene en cuenta la gran aspiración de regeneración que propuso un proyecto sugestivo de vida en común en un país enfermo de personalismos con proyectos muy dispares en la salida, aunque -y esto fue lo que facilitó su éxito- coincidentes en la llegada: elecciones libres, democracia, Europa y nunca más una guerra incivil. Sólo se puede ser demócrata ejerciendo la democracia, y hoy -según los índices internacionales- nuestra calidad democrática disfruta de muy buena salud.

En las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 se produjo un sensible incremento en la abstención, y los analistas lo atribuyeron a cierto “hastío” de la población que veía como la democracia no solucionaba la grave crisis provocada por el segundo shock petrolífero, al que se sumaba el fin del “consenso” previo a la aprobación de la Constitución.

Nos llega ahora otra ola de desencanto, en la que asistimos perplejos y preocupados como se destruyen espacios comunes de entendimiento, como se deshumaniza al adversario y en ocasiones, como desde el propio Gobierno se deslegitima un día a los poderes del Estado constitucional y al otro se le resta funcionalidad provocando una erosión —como una gota malaya— de inciertas y preocupantes consecuencias.

En estas mismas páginas advertí sobre el fenómeno iliberal que asola las democracias, pero reconozco que no pensé que tan rápido correríamos el riesgo de entrar en la lista de “países enfermos”, según la terminología de la Unión Europea. Hemos llegado a oír a un miembro del gobierno decir que hacer cumplir la ley “es una provocación” o al mismo presidente del Consejo de ministros su pretensión de “revertir la deriva judicial” al proceso separatista. El espíritu constitucional está siendo orillado en pro de una perversa degradación no sólo de la política sino de las instituciones: un día es la fiscalía, otro la abogacía, otro la educación, el Consejo General del Poder Judicial o la Corona, a lo que se suma el anteproyecto de Memoria Democrática que divide en un asunto tan doloroso como la “inútil fratricida guerra civil” de forma parcial y sesgada, no solo a la sociedad, pero también a nuestros abuelos en buenos y malos, como si el BOE fuera una varita mágica capaz de legislar sobre la “verdad oficial”. Hay que asumir nuestra damnosa hereditas. Decía el diputado bilbaíno del PSOE Julián Zugazagoitia antes de ser fusilado. “Todo me parecerá soportable antes de envenenar con un legado de odio, la convivencia virgen de las nuevas generaciones españolas”.

Desde la celebración de las primeras elecciones democráticas en 1977, ha habido ocasiones en las que la dinámica política nos llevaba por derroteros nada halagüeños, sin embargo, a los mandos han estado hombres de Estado a la altura de las circunstancias capaces de dar un golpe de timón. Por ello, es improrrogable la formación de una amplia mayoría parlamentaria que permita un gobierno escrupuloso con el respeto al espíritu de la Constitución y a una colaboración institucional y territorial que haga frente a los fenomenales retos que tiene España. El filósofo alemán Martín Heidegger decía que “el hastío es el comienzo de la angustia, que es la que predispone a un análisis más profundo del ser”. Yo, analizo habitualmente.

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(*) Director de la Fundación Transición Española.