El problema de los incendios forestales

En el verano del año 2022 se quemaron 260.000 hectáreas, de ellas 115.000 hectáreas arboladas y el resto suelo de uso forestal habitado por matorral y/o herbáceas. Un año nefasto si lo comparamos con el promedio de los 10 años anteriores, donde el promedio de superficie quemada fue de 24.000 hectáreas.

No obstante, los datos que aporta la Estadística Forestal Española indican que superficie arbolada ha aumentado en un 65% en los últimos 50 años, en algunos casos este aumento se explica por el abandono de tierras de pastos y otras de uso agrícola. La gestión de la superficie forestal supuso un coste de 945 millones de euros en 2019 según la Asociación de Empresas Forestales, unas inversiones anuales para atender 28 millones de hectáreas de suelo forestal. Un coste que podría compensarse con los recursos económicos que aporta el bosque, la producción de madera, leñas-bioenergía, resina, corcho, unos productos cuyo importe se aproxima a los 1.200 millones de euros anuales. Dos fuentes de financiación que pueden aportar los recursos necesarios para gestionar nuestros bosques, con la salvedad de que también hay que poner en valor, monetizar, los enormes beneficios que aportan los ecosistemas de los bosques: ciclo del agua, fijación del carbono y el freno contra la desertización y la erosión de los terrenos. También, han de resaltarse los 9.000 millones de euros que aporta el turismo rural a nuestra economía, de hecho se han cifrado en 30 millones las visitas a los parques naturales.

No puede, por tanto, afirmarse que la inversión no es comparable al escaso valor de la producción obtenida, dado los enormes beneficios que generan los bosques, por lo que resultan necesarias la buena gestión del bosque y la prevención contra incendios, con clareos de arbolado, apertura de pistas, y retirada de arbolado inerte. En España se inician 10.000 fuegos anuales cada año, y en verdad que resulta un problema complejo como ha señalado la Fiscalía de Medio Ambiente. Un tercio de los fuegos tiene su origen en labores agrícolas (quemas de rastrojos, generación de pastos, trabajos mecanizados en verano), pero también hay otras causas como los rayos, o las simples negligencias. Son necesarias las medidas de concienciación, no solamente bastan las penas señaladas en el Código Penal para los incendios forestales que abarcan de 1 a 5 años de cárcel, unas penas que pueden incrementarse hasta los 20 años cuando el incendio ha afectado a valores naturales, inmuebles o vidas humanas. En efecto, el promedio según la Fiscalía, es que se investigan 1.000 incendios anualmente, se encausan a 400 personas y solamente se condenan a 120.

Es necesaria una nueva visión sobre el tema, la implicación de la sociedad en este problema, recordemos que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, por ejemplo prohíbe la quema de residuos vegetales con lo que se evita el origen de un 38% de los incendios y se estimula el aprovechamiento energético de estos subproductos.

El 70% de los montes españoles son de propiedad privada, en muchos casos además una propiedad atomizada que impide una adecuada gestión del bosque. Los medios contra incendios son vitales ante esta problemática, de hecho de los 10.000 incendios anuales, son sofocados el 70% en menos de 30 minutos por los dispositivos contra incendios y antes de que alcancen una hectárea, y el 30% restante afecta a mayores superficies, pero solo 21 constituyen grandes incendios. Unos grandes incendios que se agravan por las olas de calor, las sequías, y el cambio climático, que obligará a mantener los dispositivos contra incendios durante mayores intervalos temporales con el aumento del coste consiguiente. Resulta necesaria la implicación de los actores públicos y privados en la gestión de 18 millones de hectáreas arboladas, en muchos casos con un gran valor ambiental, con el handicap del abandono del medio rural agravado.

La creación de dos nuevos parques de bomberos por la Diputación Provincial de Segovia y la inversión de 143 millones de euros por la Junta de Castilla y León en el plan anual contra incendios 2023 (el Adelantado de Segovia, 14/04/2023), han de representar para la población un acicate en orden a conseguir una mayor sensibilidad en la conservación de nuestros bosques, por su valor económico y ecológico. La Ley 43/2003, de Montes, reconoció la triple función de los bosques: económica, social y ecológica, bajo el amparo del Estado, de las Comunidades Autónomas y de sus propietarios. El Real Decreto Ley 15/2022 ha introducido la implicación de las Entidades locales en las labores de vigilancia y extinción de los incendios forestales y el establecimiento de medidas de coordinación entre las Administraciones para la prevención y vigilancia. No basta con enunciar aquel lema de los años 70 del siglo pasado, “cuando un monte se quema, algo tuyo se quema”, sino que esta pretensión ha de mover a la sociedad en orden a hacer suya la búsqueda de soluciones a los frecuentes incendios forestales. La sensibilidad en temas ecológicos y de conservación de los espacios naturales ayudarán en el aumento de la concienciación de la opinión pública sobre la importancia de los recursos forestales de nuestro país y su futuro cercano.
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