Administrando el paraíso

Resulta complicado explicar en qué medida se ha complicado esto de administrar el Paraíso de un tiempo a esta parte. Desde que los Trastámara se apropiaran de la parte del término segoviano correspondiente a lo que hoy en día es el Real Sitio hasta el actual galimatías administrativo y jurisdiccional en que se ha convertido, tratar de avanzar por este entramado histórico y legal es una verdadera pesadilla. Al menos así me lo confesaba en la terraza del Restaurante Castilla mi querido amigo, Ángel Fernández Cocero.

Sentados a distancia sideral por esto de la seguridad pandémica, iniciamos una conversación centrada en el mal llamado Convento Casarás y las consecuencias equívocas del nombre. Edificado a la sombra del Montón de Trigo en la Fuenfría por orden del rey de todo, Felipe II, tras el apuro del mal parto de su querida esposa, Isabel de Valois, camino de Valsaín, cayo en desuso con el cambio de dinastía, el abandono del palacio y la construcción del de San Ildefonso. Tras la apertura del actual paso de Navacerrada durante el reinado de Carlos III, a mediados del siglo XIX ya era una ruina desconocida por los paisanos, pasto de patrañas y leyendas varias. Al calor de una de esas se le ocurrió llamarlo Convento Casarás a Pascual Madoz, esquilmador de los bienes raíces municipales en una más de las muchas y mal gestionadas desamortizaciones. Más de un siglo después, debido a un artículo de Gregorio de Andrés publicado en la revista Anales de Estudios Madrileños hacia 1971, el Centro de Montes tomó la decisión de otorgarle el nombre de Casa de Eraso, según luce en los hitos históricos allí levantados en la actualidad. El caso es que, como señalé a Ángel, el tal Eraso no fue otro que Francisco de Eraso, secretario de los Consejos de Inquisición e Indias de Carlos V y Felipe II. Al ser administrativa su relación con el edificio, ambos consideramos inapropiado entregarle el nombre del Albergue Real de la Fuenfría.

Sea como fuere, con la conversación en mente de regreso a casa, caí en la cuenta de que, al igual que Francisco de Eraso, Ángel Fernández Cocero había administrado este Paraíso, pero de un modo más directo que aquel prohombre asociado a un imperio ingente del que sólo quedan ecos acallados por la ignorancia y la negrura de las leyendas sobre este santo país. Lo cierto es que, charlando sobre ello con mi compadre, el Sr. Bellette, recordé, camino de la fuente del Ratón, que todo el predio construido a base de saquear el término público segoviano con el objetivo de incrementar la hacienda de la Corona había sido integrado por Felipe II en la Junta Real de Obras y Bosques. Dirigida por el presidente del Consejo de Castilla, tenía bajo su jurisdicción los Reales Sitios. Carlos III, en la labor de transformar una administración que consideraba obsoleta, eliminó la junta para pasar a administrar los Sitios mediante el nombramiento de Intendentes o, lo que era lo mismo, descentralizó la gestión de un todo para provocar una multitud administrativa y, por ende, burocrática, amén de poder comprar, vender y segregar partes de los predios a voluntad, sin una junta que fiscalizara la actuación del rey sobre el territorio.

Con la llegada del siglo XIX, Fernando VII escindió el Real Patrimonio de la Hacienda Pública, generando un nuevo ámbito administrativo encargado de recabar los correspondientes inventarios de posesiones. En 1865, el Estado Liberal, malversador de lo público, aprobó la ley del Patrimonio de la Corona, constituyendo la institución que habría de tener vigencia hasta 1931. En ese momento, el gobierno provisional creó Patrimonio de la República, chapuza transitoria para la gestión de unos bienes que nunca debería haber liberado el Estado, consolidándose la figura del Administrador del Real Sitio ya presente en la fase administrativa anterior.

En 1936, iniciada la Guerra Civil y ejecutado el último Administrador del Patrimonio de la República en el Real Sitio, Luis Fernández Cordero, este Paraíso empezó a ser gobernado por el legionario Dimitri Grigoroff Ivanoff, ya concebida la institución como Patrimonio Nacional. Retirado éste último, a quién habré de dedicar el esfuerzo de mi investigación, la administración cayó temporalmente en Carlos Herranz, ingeniero segoviano y director que fuera de este centenario diario. Sucedido por mi contertulio, Ángel Fernández Cocero, el cargo de responsabilidad acabó por cambiar en aquello convulsos años de la Transición. Los administradores dejaron de serlo para, ley mediante, convertirse en delegados, perdiéndose muchas de sus atribuciones en la gestión, ora centralizada ora perdida en un galimatías administrativo que no entiende ni el que lo fundó. Jubilado Ángel Fernández Cocero, pasaron por el despacho José Antonio Martínez, Juan Ramón Aparicio, Daniel Camina y, finalmente, Nilo Fernández Ortiz, cuyo amor por los tapices traté de glosar en un pretérito artículo.

Para desgracia de este Real Sitio, de este país, el viaje hacia la descentralización administrativa se ha llevado por medio una buena parte de la protección del tan amado patrimonio histórico, unido irremisiblemente a la pasión que por su integridad demostraron tantos administradores y delegados, funcionarios y servidores públicos comprometidos. Como mi querido amigo, Ángel Fernández Cocero, quien tuvo la mala idea de abandonar este mundo pocas horas después de aquella inolvidable conversación.

Estoy seguro de que, viniendo de este Real Sitio, no habrá tenido problema alguno para encontrar el Paraíso, pues una una vez has estado en uno, difícilmente podrás equivocarte.