Editorial – Las leyes están para utilizarlas

El Estado democrático no se caracteriza porque la política lo invada todo. El Estado democrático es aquel en el que predomina el imperio de la ley, y en el que las instituciones, por representar al único detentador de la soberanía nacional, el pueblo, no son objeto de mercadeos ni están sujetas a cómo sopla el aire. En una democracia, las formas, los protocolos, las enseñas, no forman parte del fondo y de la sustancia, son fondo y sustancia ellas mismas.

La aplicación de la ley, en un Estado de Derecho, es la manifestación más sólida de la naturaleza democrática de un país. El principio latino era extremadamente evidente en estos casos: ‘Dura lex, sed lex’. Que en un país tan maduramente democrático como España, el máximo representante del Estado en una comunidad autónoma como Cataluña llame a la rebelión y a la desobediencia civil es solo muestra de lo poco que entienden de democracia algunos políticos, y quienes sostienen a algunos políticos; y de lo susceptible que es cualquier organismo, por muy sano que parezca, de sufrir tumores malignos, que hay que extirpar con un solo bisturí: la aplicación de la ley. Sin más zarandajas.

Señal también de cierta patología democrática han demostrado hasta la tarde de ayer los rifirrafes entre el ministro de un Gobierno, legal y legítimo, con los representantes, legales y legítimos, de una comunidad autónoma. La excesiva politización de la vida pública española ha tenido un momento de descanso, en el que se ha impuesto la razón práctica. El Gobierno tiene el suficiente corpus jurídico para determinar en aras de la salud pública las medidas que considere oportunas, amparándose en la legislación, no en amenazas o en juicios de valor. La Ley Orgánica 3/1986; la ley 14/1986; la 33/2011 y la 17/2015 permiten actuaciones precisas y concretas al Ministerio de Sanidad, que es quien asume las competencias en vigilancia de la salud pública en caso “de alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma”.

Las medidas tomadas ayer fijan una política común y homogénea de tratamiento de la pandemia para todo el territorio nacional, lo cual es buena cosa. También lo es que el Gobierno, a través de la ministra de Trabajo –una ministra que ha podido tener errores puntuales, que los ha tenido, pero a la que nadie discutirá su capacidad de trabajo y de llegar a acuerdos-, consiga un consenso con los agentes sociales y económicos en un asunto tan delicado como la prórroga de los ERTE. Ese es el camino y no solo cuando la pandemia azuza. Las pantomimas del vicepresidente del Gobierno y del ministro de Consumo e incluso del ministro de Universidades –que aparece, después de largos silencios, precisamente para poner en duda una institución de nuestro Estado democrático- sobre el Rey deberían quedar solo como ejemplos de lo que decíamos antes: el intento de la baja política por invadirlo todo. Contra ello solo hay una receta: más solidez democrática; y esta tiene su expresión en la ley –y la primera entre todas es nuestra Carta Magna- y en las instituciones que nos representan.