Editorial – El Gobierno suspende ‘de facto’ el 56 (1) de la Constitución

El comportamiento del Gobierno con el Rey se asemeja al que en la juventud se tiene con las parejas cuyo fin se prevé cercano: se las pasea muy de vez en cuando y se les hurta la visita a familiares y conocidos. La ausencia del Monarca en la entrega de diplomas a la promoción de jueces en Barcelona solo podía verse superado –como a la postre así ha sido- por las explicaciones de la no presencia en un acto que más allá de su significación material conlleva el simbolismo de contemplar unidos a las más altas magistraturas de la Nación española. A menos que no se crea en el concepto nación y que las magistraturas sean instituciones sometidas a la variabilidad de los tiempos.

La grandeza de nuestra Constitución es tal que permite la relevancia en el juego político y aún en los más altos estamentos de aquellos a los que les estorban los principios recogidos en su articulado. Los perfiles de nuestra nación son tan ricos que incluso acogen a quienes no se sienten ni vinculados ni muestran lealtad a ella. Obviamente no nos referimos a los que se posicionan y vuelven a posicionar —con o sin indultos— al margen de la ley, sino a aquellos que ocupan altos cargos y han asegurado mediante promesa o juramento lealtad al Rey como máxima magistratura del Estado.

Se puede ser republicano y ocupar un alto cargo político en un Reino como España. En 1967, el Gobierno Wilson era en su mayoría republicano en un Reino Unido en donde la figura de la Reina es algo más que una referencia política. Pero lo que no se puede —como ese Gobierno laborista no hizo— es entregarse a la deslealtad, a horadar poco a poco con hechos lo que con palabras torpes y discurso necio se pretende justificar. La responsabilidad es del presidente de un Ejecutivo que sigue empeñado en dar una de cal y otra de arena, en mostrar una cara y a la vez la contraria sobre la cuestión, y según vengan dadas las circunstancias. Es tan grave que un Jefe del Estado tenga que recibir el “placet” para visitar un territorio español para cumplir con una de sus funciones como puede serlo la suspensión de un precepto constitucional, como es el artículo 56 (1), sin utilizar otro mecanismo jurídico que la simple voluntad. La prudencia del Rey en este caso ha sido exquisita. ¿Se imaginan que hubiera pasado si, cumpliendo la Carta Magna, y ejerciendo como Jefe de Estado, “que arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones”, se hubiera presentado tal y como era su voluntad en la entrega de despachos judiciales? Porque de eso se trataba, no de una verbena o de un acto folklórico. ¿Será lo siguiente negarle “la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales”? Al tiempo.