“Dumping” fiscal

En mi gambeteo laboral –son muchos los años que se yerguen bajo el balcón de mi mirada- tuve la oportunidad de acudir a un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se discutía sobre el tramo de IRPF cuya cesión Cataluña reclamaba. Recuerdo que era Macià Alavedra el consejero catalán de Economía y Finanzas. Hizo un discurso solvente sobre la necesidad de que las comunidades autónomas gestionaran buena parte de ese tributo. Mantenía que las autonomías mejor que nadie saben el tejido productivo que existe en su territorio y la economía que en él se desarrolla, y abogaba por una importante reducción de los tramos del impuesto y una disminución de la presión fiscal. Ante las pegas de algunos colegas socialistas su argumento fue implacable: beneficio es igual a margen x rotación. Podemos bajar el margen y encontrarnos con que aumentamos la recaudación si somos eficientes, incluimos a más contribuyentes en el sistema y damos oxígeno y liquidez a la economía, dijo. Y aseguró con firmeza: el dinero en donde mejor está es en manos de los ciudadanos.

Podría haber entrecomillado su discurso porque lo anoté con sumo detalle y todavía conservo la libreta. Pero no es necesario para testimoniar cómo han cambiado las cosas desde 1995. Ahora resulta que son los nacionalistas catalanes quienes piden armonización fiscal, y el Gobierno de España quien los apoya. Cada uno puede cambiar de opinión, faltaría más, pero lo que no tiene un pase son los argumentos falaces que se están utilizando en el debate. El primero de ellos es el de “dumping” fiscal. Desde estas páginas hemos denunciado las maniobras tributarias de algunos países como Holanda. ¿Significa eso que tenemos que aplicar el mismo razonamiento para España? Obviamente, no. Cuando se habla de “dumping” fiscal la alusión va referida al Impuesto de Sociedades, que se utiliza de manera fraudulenta como instrumento para atraer a sociedades mercantiles cuya actividad se desarrolla fuera de los límites de ese país a donde se traslada el domicilio social. Pero da la casualidad de que en España este impuesto es de competencia estatal, y por lo tanto no hay “dumping” fiscal que valga.

En cuanto al Impuesto de Patrimonio también cabe decir unas cuantas cosas. En primer lugar que es un impuesto injusto, por su doble tributación; regresivo, porque penaliza el ahorro; ineficaz, puesto que las grandes fortunas lo eluden con sociedades instrumentales, y si se pretende una subida del tipo por encima del 3%, como aparece en algún proyecto, sería confiscatorio. ¿Qué bien obtiene en estos momentos un 3% de rentabilidad, en una media ponderada a lo largo de los años? Pero hay que dejar clara una cuestión: este impuesto se mantiene porque el PP ha deseado que se mantuviera. En sus ocho años de mayoría absoluta no lo eliminó. Fue Rodríguez Zapatero quien lo hizo en el 2008, aunque tres años después lo rescatara Rubalcaba. Más tarde, Rajoy se hizo el gallego y miró para otro lado.

Algo parecido se puede decir sobre el Impuesto de Sucesiones: supone una doble tributación, y la práctica exención de Madrid va referida a la sucesión en línea directa de primer grado, no sobre todo el impuesto, algo que se suele omitir.

Lo que no aclaran los defensores de la armonización es cómo casa esta con el Estado de las autonomías. Y con el hecho de que Navarra y Euskadi gocen de tantos privilegios forales que las notarías de la Ribera del Ebro han sido históricamente las más solicitadas porque son ellas las que intervienen documentos de Aragón y La Rioja por los beneficios navarros sobre el ITP/AJD. Causa bochorno oír a miembros del Gobierno aducir que esta última situación tiene origen en la historia –abrazo de Vergara y Amejoramiento del Fuero- y que poco se puede hacer. Que se eso se diga en un Gobierno cuya vicepresidenta 1ª es profesora titular de Derecho Constitucional abochorna aún más.

Los privilegios forales de estos territorios están recogidos en la disposición adicional 1ª de la Constitución Española, la misma que en sus artículos 133,2, y 157.1b) recoge la capacidad tributaria del resto de comunidades autónomas, luego desarrollada por la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas, modificada por la Ley Orgánica 3/2009. En el Estado de Derecho español no hay posición jurídica que anteceda a la Constitución, que es la norma pirámide de la que emanan las demás, así como todos los poderes del Estado. Por lo que todo se puede cambiar. Se comprende mal, muy mal, defender el Estado Federal y después lanzar al rostro la armonización fiscal.