Demasiado largo, no me lo he leído

Hoy 28 de enero se celebra, un año más, el «Día de la Protección de Datos» en Europa, una jornada impulsada por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las autoridades de protección de datos de los Estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de fomentar entre los ciudadanos el conocimiento de sus derechos y responsabilidades sobre protección de datos.

En España, el pasado año 2021 ha estado marcado por la presentación del Gobierno de la «Carta de Derechos Digitales», un texto sin carácter normativo, elaborado a partir del trabajo realizado por un grupo asesor de expertos, que propone un nuevo marco de referencia para la acción de los poderes públicos en el entorno digital. En este sentido, uno de los principales objetivos de la Carta es generar certidumbre a la sociedad en la nueva realidad digital y aumentar la confianza de las personas ante la disrupción que representa la tecnología.

Estamos ante una era de cambio en muchos sentidos: no en vano, hay expertos que pronostican que 2022 será “el año del dato”. La digitalización de la sociedad, acelerada por la pandemia, conlleva un cambio de paradigma en lo que a la relación de la ciudadanía con las empresas y las Administraciones Públicas se refiere.

A este respecto, debemos reflexionar si, con este atropellado proceso de transformación digital, no estaremos dejando “fuera de juego” a algunos ciudadanos que no pueden, no quieren o no saben desenvolverse en el ecosistema digital.

Un ejemplo son las políticas de privacidad y las condiciones legales de las páginas webs y aplicaciones móviles. La utilización de complejos textos legales sobrecargados de información puede tener un efecto diametralmente opuesto al que se pretende, ya que en muchos casos contienen información irrelevante o que no resulta de interés para el usuario, provocándole una innecesaria fatiga informativa. Así mismo, la información que realmente le interesa al usuario pasa desapercibida entre una amalgama de datos superfluos o incluso se contradice con otros apartados.

Si las entidades financieras, las Administraciones Públicas, o los servicios de salud, por citar algunos ejemplos, quieren que nos relacionemos electrónicamente con ellos, es importante que, al margen de la usabilidad y accesibilidad de sus páginas webs y aplicaciones móviles, nos faciliten políticas de privacidad y condiciones legales redactadas en un lenguaje claro y sencillo.

En este sentido, los especialistas en la materia subrayan que la utilización de un lenguaje claro y conciso ayuda a la comprensión de la información por el usuario, le ahorra tiempo porque no tiene que leerla varias veces, elimina posibles dudas y reclamaciones porque la información está clara desde el principio, y mejora las relaciones comerciales, porque las personas prefieren servicios cuyas condiciones puedan comprender con sencillez.

En suma, posibilitar la lectura fácil de sus políticas y condiciones genera confianza y credibilidad de las personas en los servicios digitales públicos y privados. Y fomenta, asimismo, la autonomía del usuario, porque entiende toda la información una vez leída, sin necesidad de consultar a nadie.

El miedo a las responsabilidades legales deriva en la redacción de condiciones interminables e incomprensibles

Los usuarios no somos tontos, pero tampoco tenemos obligación de ser expertos en todos los temas, y esto es algo que debería tomarse en consideración desde el diseño de cualquier aplicación o página web. No obstante, el miedo a las responsabilidades legales deriva en la redacción de condiciones interminables e incomprensibles, cargadas de conceptos jurídicos enmarañados, que muy pocos usuarios leen, pero que casi todos aceptan sin ser conscientes de los riesgos que ello comporta, por ejemplo, para su privacidad e información personal.

Al otro lado del Atlántico, un grupo bipartidista de legisladores de Estados Unidos se ha percatado de ello y ha presentado un proyecto de ley que obligue a las páginas webs a presentar una declaración resumida de sus condiciones, para que sean fáciles de entender y los usuarios efectivamente las lean. Este proyecto se conoce como «Ley TLDR», acrónimo de la frase anglosajona “Too Long, Didn’t Read” (“Demasiado largo, no me lo he leído”) utilizado comúnmente en el ámbito digital.

Esta es una buena iniciativa, que sigue la estela de las autoridades europeas de protección de datos, que obligan a las páginas webs a presentar una información básica, de forma resumida, en el mismo momento en que se recojan los datos del usuario, remitiendo para su consulta a la información completa y detallada que está disponible en un segundo nivel.

Decía un jefe que tuve: “Isidro, la vida fácil”. Y es cierto, ¿por qué no hacerlo fácil?


(*) Jurista experto en Protección de Datos y Privacidad.