¿De qué va esto?

Se equivoca el gobierno al pretender otorgar al Tribunal Supremo unas competencias y una responsabilidad que no le corresponden. El recurso de casación no está pensado para decidir si en una comunidad autónoma se dan las circunstancias precisas para la declaración de un toque de queda y un cierre perimetral. El recurso de casación tiene como objetivo unificar doctrina legal; armonizar mediante la creación de jurisprudencia criterios en la interpretación y aplicación de la ley, no valorar los hechos que concurren en una situación determinada, que es lo que se le está pidiendo al máximo órgano judicial con el nuevo decreto del gobierno. Para eso está el poder ejecutivo, que es quien después ha de rendir cuenta ante la ciudadanía, la única detentadora de la soberanía nacional.

¿A quién le ha de rendir cuentas el Tribunal Supremo? A nadie, porque su labor no es ejecutiva, sino aplicar la ley

La riqueza de esta democracia, que desarrolló una burguesía ilustrada a finales del siglo XVIII, reside en la teoría de los contrapoderes. Nadie se sale de rositas sin rendir cuentas. Esa es la base del desarrollo del poder ejecutivo. ¿A quién le ha de rendir cuentas el Tribunal Supremo? A nadie, porque su labor no es ejecutiva, sino aplicar la ley. No se le debe, por lo tanto, hacer partícipe de la gobernanza de un país. Su misión es defender los derechos de los ciudadanos, no interpretar la idoneidad general de una medida a resultas de las circunstancias que concurren. Eso es gobernar.

Da vergüenza ajena oír a un presidente de una comunidad autónoma, como Ximo Puig, recriminar en público la no sensibilidad del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por no aceptar el toque de queda y el cierre perimetral que promovía el gobierno vasco. Y se queda tan pancho el hombre. Animo a acudir al auto del tribunal, irreprochable, bien fundado, entrando en el fondo del asunto. Un tribunal no tiene que ser sensible, sino aplicar la ley siguiendo los instrumentos de los que le dota el Estado de Derecho.

Se ha equivocado el gobierno –también- al no modificar cualquiera de las dos leyes orgánicas –Ley de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986 y ley de estados excepcionales de 1981- para otorgar a las comunidades autónomas instrumentos precisos para declarar restricciones de derechos fundamentales en abstracto en situaciones extraordinarias. En España se tiene cierta desconfianza a las transferencias de competencias a las autonomías, cuando son tan Estado como la Administración Central. En EE.UU., los Estados gestionan las cárceles e incluso poseen su propia normativa penal. El problema en España se llama nacionalismo secesionista. Y es que el PNV, ERC o Junts tienen como objetivo último dinamitar un Estado-nación con 500 años de antigüedad. Y esto lo lastra todo. Pero, insisto, se ha tenido tiempo para cambiar la legislación y haber evitado este guirigay, este estado de caos, en el que parece que nos sumergimos.

Fernández Mañueco critica a Pedro Sánchez pero dice que no pedirá al Supremo la declaración de toque de queda ni de cierre perimetral. Y contradice a su vicepresidente

Probablemente no hubiera venido nada mal, ante las muchas dudas sobre la evolución de la pandemia, haber prolongado el estado de alarma un mes más. ¿Cuál ha sido el problema? La necesidad de consenso, de pacto. ¿Con quién? Esa es la cuestión. Los acuerdos con los filoetarras de Bildu o con los secesionistas catalanes lastran apoyo electoral. Y el PP está veleteando, atento al viento que mejor le llega. Es el mismo partido, el PP – que ahora pide la prolongación del estado de alarma en voces de algunos presidentes autonómicos -, quien hace un año se oponía a las últimas prórrogas de dicho estado de alarma. Fernández Mañueco critica a Pedro Sánchez pero dice que no pedirá al Supremo la declaración de toque de queda ni de cierre perimetral. Y contradice a su vicepresidente, que ayer incluso aventuró que Sánchez tendría que dimitir si hay un aumento de casos por no seguir ni admitir medidas excepcionales. ¿De qué va esto? Lo razonable sería un pacto de Estado. Con el ‘plan b‘ del PP o con el X que anuncia –ahora- el ministro de Justicia, reconociendo que si el Supremo no admite los toques de queda y otras restricciones habrá que cambiar la normativa. Y lo dice, repito, ahora.

Mientras tanto, a quienes desde las comunidades autónomas se quejan hay que recordarles que pueden que sean legítimos los lamentos, pero que tienen un instrumento preciso y plenamente constitucional: la solicitud al gobierno central para que mediante real decreto declare el estado de alarma en su territorio o en las zonas geográficas que estimen pertinentes. ¿Por qué en vez de dejarlo todo en manos del Tribunal Supremo no se utiliza este instrumento? Sencillo. Nadie quiere el desgaste político. Y más después de los resultados de Madrid.

Pero es que eso es gobernar: dirigir, asumir responsabilidades; no mirar el rédito inmediato sino el bien general. Nos estamos jugando la salud. Y nos jugamos la economía. 70.000 millones de euros están en solfa. Es lo que genera una buena campaña de verano. Pero no solo fijemos los ojos en los políticos. Conviene desviar la mirada a nosotros mismos. Aunque sea por cambiar la costumbre. A nuestra responsabilidad de ciudadanos. A nuestros deberes como ciudadanos. Gritar libertad está muy bien. Nos trae buenos recuerdos a quienes peinamos canas. Pero una cosa es libertad y otra caer en lo libertario.