En el último minuto

Gobierno, empresarios y sindicatos llegaron in extremis a un acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el próximo 31 de enero. Finalmente, se han incluido sectores tan importantes y dañados por esta pandemia como la hostelería y el comercio.

Miles de empresas y trabajadores estaban en vilo. ¿De verdad hacía falta esperar al último minuto? ¿En serio, la mejor política es crear inseguridad y desasosiego? No lo entiendo. La segunda ola del coronavirus se ha adelantado al otoño. Ya se podía ver, si se quería claro, en los datos que se iban conociendo y en los adelantados del propio Ministerio de Economía que la llegada de turistas era desastrosa, que las vacaciones de los españoles no iban a cubrir los millones y millones de bajas de extranjeros y que, por tanto, hoteles, restaurantes, bares, ocio, comercios, agencias de viajes o transporte lo estaban pasando mal y que iban a empeorar.

Ya sabemos que no todos los economistas están de acuerdo en la prolongación general de los ERTE. No sólo su coste es muy elevado -1.000 millones de euros al mes- sino que al ser general muchas empresas que ahora se salvan, en realidad son ya zombis, o incluso ya lo eran, no superarán esta crisis. Sin embargo, en mi opinión, es necesario y de justicia prorrogarlos, porque la decisión de cerrar o de reducir los aforos ha sido del Gobierno, por fuerza mayor.

Y, precisamente, los ERTE sí tienen clara la llegada de fondos europeos. Sin ir más lejos, a finales de la semana pasada se conoció que la Comisión Europea había concedido finalmente a España más de 20.000 millones de euros del SURE, un fondo finalista destinado a esta causa. Es cierto, que el Gobierno ya se ha gastado un 50% más. Sin embargo, la pregunta que me hago es si, a pesar del coste de estas prestaciones, no es más negativo y costoso que cierren decenas de miles de empresas y cientos de miles de trabajadores se vayan al paro. Y no sólo hablamos del coste en menor recaudación de impuestos o prestaciones de desempleo, sino también, y más importante, el coste social. Los miles de proyectos de vida y profesionales truncados.

Sin duda, es pertinente cuestionarse de dónde saldrá tanto dinero. Les doy ideas. Se podría reducir al mínimo la estructura del Gobierno, del Parlamento, de las subvenciones innecesarias ahora y dudosas siempre, de partidas de gasto que en este momento ni mantienen el tejido productivo ni crean puestos de trabajo. Pero, claro, esto requiere trabajo y voluntad. Dos cosas que este Gobierno ha demostrado hace tiempo que no está dispuesto a hacer. Les sugiero que pregunten al ministro de la Seguridad Social quien, cuando estaba al frente de la Airef, elaboró varios informes en los que llegó a la conclusión de que alrededor de 30.000 millones de euros se van todos los años por el sumidero.