Bajar impuestos es progresista

Alberto Núñez Feijóo ha bajado a la arena del ruedo con una velocidad inusitada. Y ha cogido a trasmano a sus oponentes; incluidos a quienes hasta hace poco se las veían muy felices por tener prácticamente el coso para ellos solos. Sus propuestas económicas van más allá de un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis generada por la guerra de Ucrania. Este es el lenguaje del Gobierno: que los problemas vienen motivados por la invasión de Putin, cuando el endeudamiento y la inflación ya despuntaban con nitidez cuando no se intuía el conflicto armado. El problema, se quiera ver como se quiera, no es coyuntural, sino estructural. Y lo están soportando las clases media y media-baja españolas; y sufriendo especialmente los más desfavorecidos. Por eso ha tenido la inteligencia el nuevo líder popular de denominarlo “Plan en defensa de las familias y de la economía de España”.

Encierra el plan una idea y encierra un proyecto, más allá de los devaneos con el idioma y con políticas en ocasiones poco sostenibles de sus antecesores en la cúpula del partido. Se basa en cuatro puntos: racionalización del gasto burocrático en la Administración del Estado; bajada selectiva e inmediata de impuestos; rediseño de los fondos europeos y reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica del país. No se pierde en palabrería las 41 páginas que se destinan a las propuestas. Son medidas concretas, puntuales, que, por cierto, muy bien podrían ser asumidas por cualquier sector político español que pretenda huir de la demagogia y de puras soflamas politiqueras. ¿Quién puede oponerse al fortalecimiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal? ¿Quién a la ejecución de un plan de eficiencia en el gasto público que evite el despilfarro? ¿Quién a la flexibilidad para la creación de empresas o para mejorar la competencia de los mercados? ¿Quién al principio de que el dinero en donde mejor se encuentra es en manos de aquellos que lo obtienen, sin que tenga que retornar vía subvención o ayuda extraordinaria?

Ha llamado mucho la atención la propuesta de bajada de impuestos directos e indirectos. Cuyo beneficio recae, sobre todo en lo referente a los primeros, en las rentas de la clase media. Podría haber ido más allá, es cierto, pero se ha contenido Feijóo. ¿Algún economista que se precie puede ignorar que deflactar el IRPF permite esquivar los efectos perniciosos de la inflación? Desde el 2008 no se realiza este procedimiento. ¿Son los mismos 40.000 euros de entonces que los actuales? Sin embargo, la tarifa del IRPF los trata de igual manera, sin tener en cuenta la diferencia entre el poder adquisitivo de entonces y el de ahora.

El progresismo es que la gente viva mejor, y que su liquidez sirva para hacer fluir la masa monetaria en la reactivación de la economía

Por una concepción equivocada o demagógica, cierta izquierda cree que la bajada de impuestos no es progresista, como si limitar la renta disponible tuviera ideología y fuera ejemplo de progresismo. El progresismo es que la gente viva mejor, y que su liquidez sirva para hacer fluir la masa monetaria en la reactivación de la economía. España es el único país de la Unión Europea que ha aumentado la presión fiscal en época de crisis. No es más progresista subvencionar el precio de la gasolina o del diésel – quién se lo iba a decir a la vicepresidenta Ribera-, que afecta igual al dueño de un coche de alta gama que al de un utilitario, que hacerlo en un impuesto directo progresivo como es el de la renta. Se critica que el coste de las medidas propuestas por el PP de Núñez Feijóo puede rondar los 10.000 millones de euros, cuando se olvida que solo por el efecto inflacionario el Estado va a recaudar más de 14.000 millones de euros o que, como reconoció la ministra de Hacienda, a pesar de la crisis los ingresos públicos han crecido 61.458 millones de euros. Aun así, el déficit en el 2021 se situó en el 6,87% del PIB. Y la deuda pública del cuatro trimestre de ese año alcanzó los 1,4 billones de euros. Nada que objetar a la intervención del Estado en la economía en época de urgencia para protegerla –eso sí es progresismo-, pero se pone una venda en los ojos quien no percibe que nuestra actividad productiva está tocada desde hace tiempo. Los números cantan. Al final del segundo semestre del 2019, todavía sin pandemia, se registró un crecimiento del 2,1%, dos décimas menos que en el 2018, que fue del 2,3%. Paralelamente, el déficit de las cuentas públicas se asentó en el 3,06%, superior al del año 2018, un 2,5%.

Una bajada de impuestos sirve para coadyuvar al crecimiento económico, es por lo tanto buen instrumento para aumentar a medio plazo la recaudación y la lucha contra el fraude si se acompaña de medidas eficaces. Algunos de los impuestos como el de Sucesiones son claramente injustos por acercarse a la doble imposición. Y otros, como el de Patrimonio, solo se mantienen en España y Francia. Es insoportable para una estructura económica sana aguantar una tasa de economía sumergida del 24%. Y es curioso observar cómo, en Madrid, con importantes beneficios fiscales e impositivos, la tasa es menor en diez puntos porcentuales que en el resto de España. El nuevo Gobierno de Castilla y León lo ha entendido y, significativamente, su primera medida ha ido por ese camino, lo cual marca un estilo y una ruta a seguir.

Bien hará el Gobierno en no hacer oídos sordos a la propuesta remitida por el nuevo PP y por su presidente. O explicar razonadamente en qué y por qué se está en desacuerdo. Sin palabrería ni meras descalificaciones. No se trata de politiqueo barato, sino de mejorar la salud financiera de los españoles.