Ángel González Pieras – El precio de la vida

El jueves 12 de marzo, el primer ministro británico, Boris Johnson, se presentó en rueda de prensa rodeado de su equipo habitual de asesores científicos, los doctores Chris Witty, director médico del Gobierno, y Patrick Vallance, asesor científico jefe. Enseñó una gráfica que mostraba la evolución previsible de la pandemia en las próximas semanas. Por entonces, el virus no se había extendido por la isla. En su estilo habitual, Johnson, refiriéndose a la curva cónica que dibujaban los contagios en el tiempo, afirmó: “Queremos aplastar el sombrero” (“Squash the sombrero”). Expresión tajante que luego Vallance especificó más: “Nuestro objetivo es reducir el pico de la epidemia, aplanar la curva, no eliminarla por completo”; con ello se lograría un contagio controlado con síntomas leves y una inmunidad de futuro ante nuevos ataques del virus. Nada comentaba de las víctimas colaterales de la pandemia: aquellos colectivos vulnerables en los que los síntomas no fueran leves ni las posibilidades de recuperación tan seguras. La polémica que generó decayó rápidamente por la inflación del número de contagios en pocos días y por la evidencia de que estábamos ante algo más que un simple resfriado. Por desgracia, el propio Johnson lo está sufriendo en sus carnes.

Se puede concluir con que un científico no está exento de decir una boutade. Pero me temo que detrás de todo ello reside la dialéctica Sanidad-Economía, o lo que es lo mismo, la implantación de medidas severas para atajar el virus y que sus consecuencias sean las mínimas en la población -aunque la economía quede paralizada hasta el punto de provocar una depresión- o atenuar las iniciativas, que sea la selección natural de las especies la que funcione con su carga colateral de víctimas entre los colectivos más débiles, y que la actividad económica siga generando prosperidad a los supervivientes. Pero la reflexión peca en su propia formulación, por más que haya podido subyacer en manifestaciones iniciales de dirigentes como Trump, Bolsonaro o López Obrador. La vida del ser humano no tiene precio, sino valor. Está en el espíritu del contrato social que según Thomas Hobbes el ser humano “firmó” con sus congéneres allá por el Neolítico: se ceden todos los derechos al común, menos uno: la vida, que el grupo tiene siempre que salvaguardar. Por ello también lo profundamente antisocial que es la pena de muerte. Dudas morales puede haber: ¿a quién salvamos en un parto, si es necesaria la elección, a la madre o al hijo? En un naufragio hay un solo flotador, ¿va destinado a un niño o a un anciano? Pero no dudas por cuestiones de eficiencia económica.

Las aseguradoras tasan con un precio la vida en caso de concurrencia de responsabilidad civil. Y entran muchas variables, todas con ponderación económica: edad, esperanza de vida, lucro cesante para la familia. Puede rondar el precio medio los 60.000 euros. Llevada a la lógica más extrema y más ridícula se puede concluir que es más rentable que el Estado asegure a los nacionales mediante el abono de una prima y que pague la aseguradora el deceso antes que atender a los costes económicos que supone salvar la vida, por ejemplo, de un anciano. Si algo positivo puede derivarse de esta pandemia es el refuerzo del Estado Social. Los Gobiernos desempeñarán un papel más activo en la economía, y servicios como la Salud o la Educación deberán ser considerados como inversión, y no como gasto. El virus ha igualado. Tenemos que plantearnos iniciativas futuras que incentiven esa igualdad. Ya no serán ilusorias la renta mínima básica ni una política tributaria que rescate viejas figuras para gravar a los que más tienen.