Ángel González Pieras – El déficit estructural

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A la hora de escribir este artículo todavía desconozco la regulación del Ingreso Mínimo Vital, una de las medidas con más transcendencia económica que el Gobierno se comprometió a adoptar en su acuerdo de coalición. Ya manifesté ayer mi opinión sobre las rentas básicas, y quedé a la espera de su formulación concreta para conocer el alcance de la iniciativa y proceder a su análisis. Lo que sí parece definido es el coste del proyecto: entre 3.000 y 5.000 millones de euros al año. De por sí sola no parece una cifra escandalosa si fuera una respuesta temporal ante una coyuntura extraordinaria como es la de la maldita pandemia. Otra cosa sería si llegara con deseo de permanencia. Entonces se convertiría en un gasto estructural; y duradero. Porque dudo que nadie se atrevería a derogarlo. Y menos un gobierno de derechas.

Y aquí precisamente reside el problema: los gastos estructurales –equivalentes a los costes fijos en una empresa- no solo poseen un efecto perverso que por lo general termina conformando un déficit de semejante naturaleza, sino que, por razones obvias –es decir, políticas-, son los más difíciles de reducir. La vicepresidenta Calviño, entonces ministra de Economía, se comprometió con la Comisión Europea a minorar el déficit estructural español en el ejercicio 2019 en un 0,65% del PIB. No solo no lo cumplió, sino que además creció, lo que tuvo su incidencia en el déficit total del año, que subió hasta el 2,8% después de los ajustes realizados por Bruselas. Por segunda vez consecutiva no se respetaba el objetivo pactado con las autoridades comunitarias. En el 2018 España fue el país de Europa con mayor déficit estructural, un 3,2% del PIB, solo superado por Hungría y Rumanía, que no están en el euro, lo que quiere decir que dentro de este club es el país con mayor desajuste fiscal estructural, posición nada loable. No es de extrañar que la Comisión Europea exigiera al Gobierno una reducción de 7.800 millones de euros para el 2020 en gastos fijos, o, en su defecto, unos ingresos equivalentes que compensaran la balanza fiscal. Pero en esa estábamos cuando el coronavirus lo ha trastocado todo.

Repito, y perdonen la insistencia, que no me refiero a gastos extraordinarios que dependen del ciclo económico, que estos hay que acometerlos si no se quiere caer en la parálisis o en la desatención, sino a aquellos que por su naturaleza son un indicador de lo saneadas y sanas, o no, que se presentan las cuentas que componen un presupuesto público o el balance de una empresa privada. Un déficit estructural de un Estado por encima del 2% limita sobremanera su capacidad de respuesta ante un choque macroeconómico. El vicepresidente europeo Valdis Dombrovski ha ahondado en la cuestión dejando bien a las claras que la futura financiación de programas irá vinculada al compromiso, por parte de los beneficiarios de las transferencias, de realizar reformas estructurales en sus países. Podremos opinar lo que estimemos oportuno de los dumping fiscales y otros beneficios de los países del centro y norte de Europa –y ha quedado opinado-, pero el espejo en el que se muestra nuestra faz está marcado por una realidad que no se ha querido –o podido o sabido- cambiar en épocas en las que España crecía por encima de los países de la Unión.

A pesar de todo, gozamos hoy de una enorme ventaja que diferencia la coyuntura actual de la Gran Recesión: la estabilidad de los mercados financieros. Ayer, la prima riesgo rondaba los 113 puntos básicos. El 20 de julio del 2012 alcanzó los 610. Piensen que cada 100 puntos básicos de más supone un encarecimiento de la deuda pública que financia el déficit en unos 10.000 millones de euros. Lo que a su vez supone más déficit. Virgencita, Virgencita…