Miguel Velasco – Vaya negocio para el Gobierno lo de las multas del confinamiento

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Dentro del abanico de situaciones que pueden contemplarse en el marco del confinamiento que nos fue impuesto a mediados del pasado mes de marzo, (con sanciones impuestas por supuesto incumplimiento de las normas del Decreto del Gobierno), se contemplan una gran variedad de distinto alcance , intencionalidad y proporcionalidad. Quiero decir que no es igualitario ni proporcional sancionar una breve “escapada” aprovechando el ir a tirar la basura, por ejemplo, (o por prescripción neurológica, que también se ha dado el caso) que la desobediencia o resistencia a la autoridad competente; o volver al domicilio diez minutos pasados de la franja permitida o hacer “botellón” en plena calle con algarabía y desprecio a las normas de convivencia. Todo debe ser proporcional a la hora de sancionar al ciudadano que, víctima de la claustrofobia que le suponía el encierro en las primeras semanas, necesitaba respirar o andar unos minutos en la acera de su domicilio para sentirse libre, o el que se saltaba , conscientemente el confinamiento para reunirse con amigos en celebraciones más o menos ruidosas. Y, desde luego, valorando si hubo o no desobediencia o resistencia al agente de la autoridad y el preceptivo apercibimiento antes de sancionar las conductas. Circunstancia que el ministro Marlasca obviaba en sus instrucciones a los agentes, que podrían -decía- sancionar sin requerimiento previo, vulnerando la Constitución: “sin desobediencia al agente de la autoridad no puede haber sanción por carecer de cobertura legal el que una persona sea multada por el mero hecho de saltarse el confinamiento (más por necesidad que por frivolidad) si cuando es advertida de ello rectifica su conducta y se va”. Es decir primero la advertencia antes que la sanción. Eso es el efecto disuasorio preciso, que prácticamente no se ha respetado en muchos casos por no decir en todos.

Todo ello va a dar lugar a una interminable lista de recursos (amparados en la Ley de Seguridad Ciudadana) contra las sanciones impuestas por agentes de la autoridad en la interpretación de las normas con un excesivo celo ( y en algunos casos sin las más elementales normas de higiene como exigían el momento (sin guantes, sin mascarilla, sin respetar el distanciamiento, sobando y resobando el DNI de la víctima, etc.) lo que va a hacer muy difícil que el Estado pueda cobrar buena parte de esas sanciones impuestas por pequeñas infracciones del confinamiento. Y a mayor abundamiento habría que citar el artículo 25.1 de la Constitución que explicita “Nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento”. En cualquier caso sí que está demostrado que se ha registrado un notable descenso sancionador desde aquel confinamiento severísimo y el que se aprecia –según la autoridad- a raíz de permitirse últimamente las salidas a la calle aunque haya sido circunscrito a tramos horarios y distancias de alejamiento del domicilio concretos.

Más como quiera que así están las cosas (que el Gobierno deberá repensárselo bien antes de aplicar con rigor la medida) sí cabe hacer un pequeño apunte de lo que podría representar hasta hoy el montante de las sanciones por saltarse el confinamiento. Según datos publicados el número de sanciones rondaría UN MILLON en números redondos a pagar . Si tenemos en cuenta que las mismas oscilan entre los 601 euros las más leves (como salidas domiciliarias no autorizadas) hasta los 10.400 euros las más graves (festejos o actividades prohibidas, riesgos para la seguridad o la salud, etc.) y aplicando la media de ambas cantidades (5.000 euros) resultaría una cifra asombrosa: nada menos que CINCO MIL MILLONES de euros. Cifra que por encima de la entelequia, dado que será más que difícil que el Ejecutivo pueda llegar a cobrar todas dentro de la Ley y el sentido común, podría ser un buen negocio para las cajas que hoy tiene vacías el Estado. Incluso para pagar buena parte de la nómina del Consejo de Ministros.