La Ruptura de la Seguridad Social

La firma del pacto de legislatura firmado por el PSOE con el PNV incluye el traspaso de la Seguridad Social al País Vasco en el plazo de dos años. Este acuerdo hace referencia a la necesidad de abordar el traspaso de competencias pendientes del Estatuto de Autonomía tras más de cuatro décadas de vigencia, pero lo grave es que en el acuerdo se refleja que “el compromiso del Gobierno de implementar de manera inmediata una agenda de reformas y transferencias con una incidencia positiva sobre el bienestar social y el progreso económico de Euskadi, comenzando de sus competencias establecidas en el vigente Estatuto”. Así, el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco establece, como competencias de dicha Comunidad Autónoma, el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado, así como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Por otra parte, la Disposición transitoria quinta del referido Estatuto hace referencia a que la “Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios”.

Es un tema delicado que ningún Gobierno se ha atrevido a asumir, en efecto una ruptura de la caja de la Seguridad puede tener efectos funestos evidentes, cuando aquel pacto de legislatura entre el PSOE y el PNV prevé que “se procederá en los primeros años de legislatura a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencias, según el listado acordado por los gobiernos español y vasco en la legislatura anterior y, en su caso, se procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno”.

En el fondo, los dirigentes del PNV pretenden que con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social se mejoren las pensiones de los jubilados residentes en las provincias vascas y la competitividad de sus empresas, al igual que ocurre con la gestión de los tributos del Estado (IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades) donde esa Comunidad obtiene unos ingresos suplementarios para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de sus ciudadanos, al propio tiempo que las administraciones vascas no contribuyen a financiar la solidaridad con el resto de las regiones.