J. A. Folgado Pascual – ¿La “renta mínima” que propone el Gobierno pone en peligro las pensiones públicas?

Una de las propuestas estrella del Gobierno de coalición entre el PSOE y la extrema izquierda comunista es la “Renta Mínima”, que prevén dar a cerca de un millón de personas hipotéticamente necesitadas. Hace unos días los ciudadanos asistimos perplejos a un forcejeo más entre varios ministros socialistas del área económica y el vicepresidente podemita del área social, disputándose esta bandera, sin duda propagandística y clientelar. Aunque ninguno de los portavoces oficial u oficiosos del Gobierno han aportado estimaciones recientes, en junio de 2019 cuando el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señor Escrivá, por aquel entonces estaba al frente de la AIReF, hizo públicos unos cálculos sobre este subsidio, que, para un millón de personas acogidas, supondría un coste anual recurrente entre 8.750 y 17.000 millones de euros, esta última cifra en caso de crisis graves y prolongadas y teniendo en cuenta el “efecto llamada” de inmigrantes. Además, dicha “Renta Mínima”, según lo anunciado, sería compatible con otros subsidios y rentas similares de comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos, asociaciones caritativas y ongs.

El asunto no sería del todo grave, si no fuera por el hecho de que la susodicha “Renta Mínima” va a ir con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, donde reside el Sistema Público de Pensiones del que viven actualmente 9 millones de pensionistas, de los cuales la mayor parte han cotizado, ellos y sus empresas, durante toda su vida laboral a la Seguridad Social. La cuestión es que actualmente la situación económico-financiera de ese Sistema Público es altamente preocupante, dado el desequilibrio entre prestaciones y cotizaciones, y, de hecho, este problema era y es uno de los retos fundamentales del Gobierno para la actual legislatura. Si ahora incorporan, sin ninguna contrapartida de ingresos, la “Renta Mínima”, pudieran poner en peligro a medio o largo plazo las pensiones y prestaciones públicas que se vienen cobrando. A ello hay que añadir el propósito del actual Gobierno de izquierda radical de suprimir el tratamiento fiscal favorable a los planes de pensiones privados de los ciudadanos, con lo cual, especialmente para quienes todavía no se han jubilado, supone una situación de desamparo para quienes lleguen a engrosar las filas de la tercera edad, que actualmente representa en torno al 30% del censo y que para 2050, según estimaciones solventes, será casi la mitad de la población.

Aunque el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones todavía no ha puesto a disposición de los ciudadanos la totalidad de las cuentas correspondientes al ejercicio 2019, según datos de la Intervención General de la Seguridad Social, a finales de 2018 el consolidado del Sistema Público de Pensiones tenía un patrimonio neto negativo de 33.260 millones de euros, cuantía que aumentará considerablemente a finales de 2019 y mucho más en este catastrófico 2020. A esa situación se ha llegado debido a que las prestaciones vienen siendo muy superiores a las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social, y además se han incorporado una serie de subsidios para no cotizantes y otros gastos sociales sin contrapartidas de ingresos de importes relevantes. Concretamente, refiriéndonos al avance de datos de 2019, los gastos por transferencias corrientes alcanzaron la cifra de 158.078 millones de euros (+7,1% anual), de los cuales 145.149 (+7,6%) corresponden al nivel contributivo (128.156 (+5,7%) se refieren a pensiones y 12.714 (+24%) a subsidios de incapacidad temporal, maternidad, paternidad y otras prestaciones) y el resto a pagar prestaciones a quienes no han contribuido con sus cuotas. En el lado de los ingresos, las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores han alcanzado 124.162 millones de euros y las transferencias corrientes, fundamentalmente del Estado, fueron de 19.605 millones de euros. El desfase financiero es evidente, supone casi 21.000 millones de euros (+5,5% anual) entre cotizaciones y prestaciones contributivas y casi 34.000 millones de euros entre cotizaciones y total de pagos por transferencias corrientes (+4,3%), frente a los insuficientes ingresos por transferencias corrientes del Estado antes mencionados.

A esa situación de desfase entre cotizaciones y prestaciones se ha hecho frente con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado por Aznar en el ejercicio 2000, del que quedan a finales de 2019 tan solo 2.150 millones de euros y recurriendo la SS a préstamos del Gobierno cuyo saldo acumulado se estima a la misma fecha en torno a algo más de 55.000 millones de euros. En los últimos mandatos, Rajoy ha gobernado 78 meses, ha reducido el Fondo de Reserva en 53.790 millones de euros y aumentado créditos para la SS en 17.692 millones de euros, lo que supone una media mensual de cobertura extrapresupuestaria del desfase de la Seguridad Social de 979,6 millones de euros; mientras que Sánchez ha gobernado hasta finales de 2019 durante 19 meses, ha reducido el Fondo de Reserva en 5.945 millones de euros y aumentado créditos para la SS en 20.163 millones de euros, lo que supone una media mensual de cobertura del desfase de la Seguridad Social de 1.374,1 millones de euros, un 40% más; lo que indica una tendencia galopante de aumento de las necesidades de financiación del Sistema Público de Pensiones. Para 2020, sin tener en cuenta los impactos de la pandemia en las cuentas públicas, se barajaba un incremento del endeudamiento de la SS en torno a los 14.000 millones de euros, que serán muchos más por bajas en la afiliación y aumento en el número de pensionistas.

A esos datos hay que añadir la reciente novedad de que el sistema de pensiones de Clases Pasivas se ha transferido durante el año actual desde Hacienda a la Seguridad Social, lo que supone, a mayores, unos pagos a 658.118 beneficiarios (en su mayoría antiguos funcionarios) por importe anual de más de 15.000 millones de euros, que, es de suponer, vendrá acompañado de la correspondiente transferencia de ingresos presupuestarios.

Por consiguiente, bajo ningún concepto resulta admisible que el subsidio conocido como “Renta Mínima” sea un nuevo lastre que deteriore aún más las cuentas consolidadas de la Seguridad Social, actualmente en situación de patrimonio neto negativo, y más teniendo en cuenta que no se trata de un subsidio transitorio y paliativo de la crisis sino de algo permanente, salvo que se acompañe de un incremento en las transferencias de ingresos del Estado por importe equivalente a esa liberalidad.

Lo suyo sería que el Sistema Público de Pensiones se ocupara únicamente de las cotizaciones de empresas y trabajadores de todos los regímenes y del pago de sus prestaciones contributivas. Los desfases de este sistema y de las prestaciones que continuarán en la Seguridad Social deberían ser íntegramente financiados por transferencias corrientes del presupuesto del Estado, y las “liberalidades sociales”, como las pensiones no contributivas, las prestaciones por maternidad o paternidad, estos subsidios de “Renta Mínima” y otras prestaciones y gastos, que no son propios del Sistema Público de Pensiones, deberían transferirse a los Presupuestos Generales del Estado y financiarse con impuestos u otros ingresos que reciba el Estado. Todo ello sin perjuicio de que sea imprescindible consensuar medidas que garanticen la viabilidad futura a largo plazo de las actuales y futuras pensiones públicas.

Pero más valdría que la pléyade de medidas aprobadas por el Gobierno formalmente para proteger a los parados por los ERTEs, a las PYMEs y a los autónomos fueran efectivas y se aplicaran con rapidez, pues son cientos de miles de trabajadores los que aún no han percibido un solo euro y cientos de miles de autónomos y pymes que no han recibido las ayudas prometidas, y ha pasado ya mes y medio.