J. A. F. Pascual – Con los datos del INE el número de fallecidos a causa de la pandemia supera los 48.000

Resulta decepcionante que un Gobierno, que, tardíamente, un día 14 de marzo asumió por decreto-ley el mando único relegando a las comunidades autónomas a meros ejecutores de sus decisiones y políticas, ni siquiera haya sido capaz, o más previsiblemente no haya tenido la voluntad de informar a la población del número real de fallecidos a causa de la pandemia del covid 19. Se han parapetado en una supuesta norma de la OMS, que, según ellos, únicamente consideraba computables en tan luctuoso censo a aquellas personas fallecidas por covid 19 confirmadas mediante un test PCR, argumento que ha sido refutado por la mera lectura de los documentos de la mencionada organización, que recomiendan añadir aquellos supuestos en que los diagnósticos de los facultativos reconozcan síntomas compatibles o a los que se les haya practicado autopsia o cualquier otro test diferente del PCR que confirme el positivo.

Es de todos conocida la deplorable gestión llevada a cabo por parte del Gobierno durante los casi cien días que hemos sufrido un estado de alarma durísimo, que más bien parecía estado de excepción. Retraso en el inicio de la adopción de medidas contra la pandemia, precedido de mensajes de tranquilidad engañosos por parte del ministerio de sanidad y las contagiosas manifestaciones del 8-M patrocinadas por un Gobierno al que le importa más la “ideología feminista” que la “salud pública”; compras adjudicadas a dedazo a empresas sin domicilio, ni experiencia, ni solvencia, que en muchos casos han derivado en adquisición de material sanitario defectuoso o ineficaz, por el que en muchas ocasiones hemos tenido que pagar sobreprecios escalofriantes, operaciones que merecería la pena por pura sanidad democrática que el Tribunal de Cuentas o una Comisión parlamentaria investigasen exhaustivamente; penuria de abastecimientos que ha determinado en los peores momentos de la epidemia carencias en los equipos de protección individual de los sanitarios y también para el resto de ciudadanos, pero también escasez de tests PCRs y rápidos, así como de respiradores; políticas de discriminación hacia los mayores a los que se les adjudicaba automáticamente en los protocolos menor probabilidad de vida por razones de edad, con el consiguiente menor acceso a las UCIs hospitalarias y el fallecimiento masivo en las residencias de ancianos, a las que el gobierno dio instrucciones para confinar a los ancianos, que se aplicó por sus “mandados” de las CCAA con los funestos resultados conocidos, pero no reconocidos en la estadística gubernamental, al adherirse al criterio restrictivo mencionado.

Según la reciente revisión del Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, a fecha de hoy 22 de junio, el número de fallecidos por covid 19 es de 28.322 personas, que ya es un balance deplorable y que define una gestión bastante catastrófica. Sin embargo, el Instituto de Salud Carlos III publicó, a través del MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria), que entre el 13 de marzo y el 22 de mayo el exceso de muertes fue de 43.260, lo que pone de manifiesto una diferencia de casi 15.000 fallecidos. Pero es que, a mayor abundamiento, la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (Aesprof) también hizo una estimación en la que consideraron que 43.985 ciudadanos perdieron la vida a causa del virus.

Y, por último, el Instituto Nacional de Estadística (INE, no confundir con el CIS del socialista, camarada Tezanos) ha publicado hace unos días un amplio bloque de “Información estadística para el análisis del impacto de la crisis covid 19”, que pone a disposición de los ciudadanos e investigadores sociales y sanitarios una base de datos, que permite comparar los fallecimientos producidos semana a semana en los años 2016 al 2020, lo que da una pista esencial, a falta de datos más concretos sobre las causas de muerte, para realizar estimaciones acerca del impacto demográfico de la pandemia covid 19. Según esos datos, en el acumulado de fallecimientos hasta la 22 semana (finaliza 24 mayo) el año actual superaba al promedio de fallecimientos en dicho período durante los cuatro años anteriores (2016/2019) en 43.791 difuntos. Sin embargo, si consideramos que el tramo importante a considerar ha sido desde la semana 10 (inicia el 2 de marzo de 2020) hasta la semana 22 (finaliza el 24 de mayo de 2020) y lo comparamos con el promedio de estas semanas en los años 2016-19, la diferencia es de 48.058 fallecidos más, cifra que podría de atribuirse fundamentalmente a la pandemia del covid 19 y que supone un 51,2% de aumento respecto al promedio aludido. Otro dato interesante es que en torno al 90% de los fallecidos tenían 70 o más años, siendo progresiva la proporción en función de la edad. El reparto por edades viene a ser equitativo, pues el 49,5% eran varones y el 50,5% mujeres, si bien en el censo de edades de mayor mortalidad predominan las mujeres, por lo que puede decirse que el covid 19 ha sido más agresivo con los varones, a pesar de la aparente menor mortalidad en valores absolutos. La media nacional es de 102,2 fallecidos por millón de habitantes, lo que nos sitúa, para mal, a la cabeza de los países del mundo.

Si utilizamos esa metodología y ese periodo para las regiones, islas y ciudades autónomas, podemos afirmar que en valor absoluto las comunidades autónomas con mayor número de fallecimientos han sido Madrid (16.278), Cataluña (12.505), Castilla La Mancha (5.295) y Castilla y León (4.745); si bien en términos relativos, teniendo en cuenta la población, encabezan el ranking Castilla La Mancha (260,5 fallecidos por millón de habitantes), Madrid (244,3), Castilla y León (197,7), Cataluña (162,9) y La Rioja (113,1), mientras que los menos afectados han sido Melilla que ha descendido su mortalidad en el periodo de la pandemia, Galicia (10,8), Baleares (11,7), Canarias (11,9) y Andalucía (13,2).

En ese mismo periodo y con esa metodología para tratar los datos del INE para las provincias, Segovia aparece al frente del ranking con 467 fallecidos por millón de habitantes, seguida de Soria con 382, Ciudad Real con 349, Salamanca con 321 y Albacete con 283 fallecidos por millón de habitantes. Las que menos bajas tuvieron en términos relativos fueron Córdoba, Melilla y Pontevedra, que incluso redujeron en dicho periodo el número de fallecimientos, y Cádiz, Lugo, Huelva y Santa Cruz de Tenerife con incrementos insignificantes.