No sabemos si se habrá deparado en la rueda de prensa del pasado día 26 de abril en Bruselas. Comparecían la vicepresidenta de Transición Ecológica del Gobierno español, Teresa Ribera, y su homólogo portugués, Duarte Cordeiro. Debajo del micrófono del ministro luso aparecía el rótulo de República de Portugal; sin embargo, en el de la vicepresidenta un cartelón grande, feo, descompensado, se limitaba a señalar: Gobierno de España. ¿Pura anécdota? Al menos, algo raro y que desentona con el título del colega de al lado. En Bruselas, el procedimiento impera; la forma en ocasiones determina el fondo: son muy protocolarios. Tradicionalmente, los representantes de los distintos ejecutivos españoles se presentaban como mandatarios del Reino de España, que es como se titula nuestro país en la esfera comunitaria. En esta ocasión, no era así.
Como se decía, la cuestión no pasaría de mera anécdota si no fuera porque llueve sobre mojado. Es decir: se une a las declaraciones de una ministra del mismo Gobierno –Ione Belarra- cuestionando la democracia española porque el jefe del Estado no es elegido por la ciudadanía. “Nuestra democracia necesita que la ciudadanía pueda elegir al jefe del Estado”, escribió textualmente en un twit.
Es inaudito que una ministra, que promete el cargo ante el propio rey y que se obliga a cumplir y hacer cumplir la Constitución, se permita realizar un análisis sobre el estado de necesidad de la democracia española y promueva un ataque tan directo sobre la forma de Estado que consagra la Constitución. Ya lo hizo su compañera de gabinete Irene Montero con respecto al poder judicial. El caso es la repetición continua y el ataque permanente sobre el esqueleto constitucional español, porque la ministra no dice lo que le gustaría sino que, demiurgo muy democrática –esperemos que se note la ironía-, incluso se atreve a determinar lo que necesita el sistema para su plenitud democrática. Y –no muy conocedora del derecho comparado- se olvida, por ejemplo, de que en Italia no se elige el presidente del Estado por sufragio universal, sino que es el Parlamento –en una sesión conjunta entre la Cámara de Diputados y el Senado- quien decide ¿Existe mayor democracia que el haber sido apoyada la Constitución que consagra la Monarquía por la mayoría de los españoles en 1978? Y con mayor respaldo popular que el que posee la formación Podemos. ¿Ampliamos el razonamiento y deducimos que también los ministros tienen que ser refrendados por los electores para alcanzar la excelencia democrática? Si la ministra de Estado considera que la forma de ese Estado no es la que España necesita, lo más coherente es no participar en su desarrollo y luchar en el campo político para implantar la República. Con una revolución o siguiendo el procedimiento constitucional.
En España hay libertad y es una bandera que representa el sentimiento de muchas compatriotas que lo mínimo que hay que hacer es respetar
Pero parece que la cuestión reside más bien en ir poco a poco abonando el terreno. A no otra cosa obedece lo que pasó el 14 de abril en la ciudad de Segovia. Que ciudadanos de Segovia pasearan y ondearan la tricolor forma parte de la libertad de expresión, aunque hay que recordar que los republicanos de 1873 y 1874 –Iª República– utilizaron la bicolor como enseña nacional. Y que hubiera estado bien que en la II República todos los republicanos la hubieran asumido y no la roja con la hoz y el martillo o la que une en diagonal los colores rojo y negro que fueron expuestos como únicos emblemas en tantos pueblos dominados por el comunismo o el anarcosindicalismo durante la Guerra Civil. Pero, repetimos, en España hay libertad y es una bandera que representa el sentimiento de muchas compatriotas que lo mínimo que hay que hacer es respetar. No es de recibo que la enseña republicana figure en el paramento exterior de un edificio público, como la Casa de la Lectura, cuyo titular es el Ayuntamiento de Segovia. Por más que ese sitio hubiera sido una cárcel en donde reprimir en su día divergencias políticas. Hay otras maneras posibles para realizar cualquier homenaje, por ejemplo, en el monumento que figura al pie del inmueble. Esa actuación del 14 de abril no está amparada por ninguna ley, es más, contradice el tenor de la norma 39/1981 de 28 de octubre, en concreto su artículo tercero. ¿Actuó de oficio la Subdedelegación del Gobierno? ¿Ha existido alguna denuncia, alguna solicitud de explicación oficial? No, que se sepa. Un Consistorio, hay que recordarlo, es algo más que una alcaldesa y un equipo de gobierno, aunque la responsabilidad en este caso sea de la cabeza del ejecutivo.
España es un país que ha tenido problemas a la hora de asumir la historia: o se ha trastocado esta en esencialismo o en arma que arrojar a la cabeza del contrario. Ya lo decía María Zambrano en un artículo publicado en La Hora de España en 1938. Pero de lo que se trata ahora no es de historia, sino de respeto de la legalidad vigente, que es la mejor manera de festejar la democracia y la pluralidad de ideas en un Estado de derecho.
