El próximo domingo día 13 los castellanos y leoneses estamos convocados a las urnas. Es la fiesta de la democracia ‘per se’, el momento en el que el pueblo, como titular de la soberanía nacional, elige a sus representantes. En este caso, a las históricas Cortes de la Comunidad Autónoma.
Por desgracia, escasamente semana y media antes de estas elecciones, otras Cortes, las Cortes Generales, y más concretamente una de las Cámaras que la forman –el Congreso de los Diputados- ha dado un espectáculo bochornoso en la votación de una ley capital: la que va a regular buena parte de las relaciones laborales. Y otra vez en la presidencia del Congreso de los Diputados se concitan las miradas reprobatorias. Meritxell Batet, su titular, más bien parece la delegada del PSOE que la representante de una alta institución del Estado que debe funcionar como tal. Es la tercera vez que sus actuaciones son no solo objeto de la polémica, que sería lo de menos, sino que recorren un vaivén compuesto por admoniciones del Tribunal Constitucional, cambio de decisiones o, como este último caso, atribuciones de unas competencias que le corresponden a la Mesa del Congreso de los Diputados.
Su decisión de limitar la actividad parlamentaria durante la pandemia fue casada por el máximo órgano jurisdiccional español, que no la encontró coherente con la Constitución española. El Parlamento inglés no se cerró durante la guerra. El nacional sí fue clausurado durante la pandemia. Solo por ese motivo, la presidenta debería haber dimitido o al menos presentado una excusa por su actuación. No solo no lo hizo, sino que el día 6 de diciembre, en un acto institucional, volvió a actuar como delegada de su partido en las Cortes criticando el papel de la oposición parlamentaria.
Su última improcedencia tiene como resultado el que, por un error formal, una ley esté vigente, y que no represente la voluntad cierta de la mayoría de la Cámara. Si se tiene en cuenta que todavía Podemos no ha nombrado al sustituto de Alberto Rodríguez –otro de los casos en que Batet se arrogó el protagonismo, este al desdecirse en poco tiempo- se puede decir que la mitad de la Cámara está a favor de la convalidación del decreto ley y la otra mitad no, lo que en todo caso no otorga la mayoría suficiente para la aprobación de la norma, solo quedando el camino de su tramitación como proyecto de ley.
En una democracia, como en la misma vida, las formas son muy importantes. Pero nunca pueden sustituir a la sustantividad que representa la voluntad. Un error percibido a tiempo no puede tener la misma relevancia que una decisión tomada a sabiendas. En el derecho civil el vicio de la voluntad anula el acto jurídico. Aun siendo esta cuestión destacable, lo es más que una presidenta se arrogue las funciones que el Reglamento de las Cortes –que a pesar de su denominación posee alto rango normativo- atribuye a la Mesa.
La presidenta tendría que haber pedido –aunque hubiera sido solo por salud democrática- la opinión del órgano tras su convocatoria
Es la Mesa la facultada para la autorización de un voto presencial que sustituya al emitido por procedimiento telemático. Es probable que la Mesa no la hubiera otorgado, teniendo en cuenta su conformación, pero la presidenta tendría que haber pedido –aunque hubiera sido solo por salud democrática- la opinión del órgano tras su convocatoria. El diputado popular tiene que hacerse mirar su equivocación en una cuestión tan importante como esta, máxime cuando su negligencia o impericia –o las dos cosas- han perjudicado a su partido y es la causa de todo este galimatías. Pero lo mollar, y lo que aquí juzgamos, es la extralimitación de la tercera institución del Estado, no la torpeza de un diputado. Eso es lo trascendente. Repetimos que el foco no está en la convalidación o no de un decreto ley y de su contenido –sobre el que, por otra parte, ya hemos emitido nuestro parecer- sino en el respeto a la legalidad y la buena imagen del órgano que representa la soberanía nacional.
El escándalo en el que está presente el premier británico, Boris Johnson, nos permite observar la cantidad de veces que el Parlamento somete a control la actividad del primer ministro. Desgraciadamente nada que ver con la alergia de nuestro presidente del Gobierno y la de su homóloga de las Cortes. Pongamos algunos ejemplos: hace demasiado tiempo que no hay un debate sobre el estado de la Nación; el presidente ha estado ocho meses sin hablar con el jefe de la oposición; el cierre de las Cortes fue declarado inconstitucional; los miembros del Gobierno se han estado jactando de que aprobarían la ley de vivienda con independencia de lo que dijera el Consejo General del Poder Judicial… Muchas brechas en una democracia madura como la española. Demasiadas. Pero nada puede hacer ensombrecer la oportunidad de que el pueblo se manifieste de la manera más sublime que conoce la democracia, aunque no sea, ni mucho menos, la única: mediante el voto.
