Por desgracia, otra semana más hay que aludir a los efectos de la pandemia.
La incidencia disparada entre jóvenes sitúa de nuevo a España en riesgo alto, con 152 casos por cada 100.000 habitantes, unas subida exponencial después de macrobotellones, no control de reuniones masivas y relajación de las costumbres. Lamentablemente, la precaución que se observa entre un buen número de ciudadanos en el uso de mascarillas al aire libre, no evita que una pequeña parte propicie que el virus se expanda de nuevo conformando una ola que afecta a los jóvenes.
Esta propagación rápida del virus es lo que ocurrió en Portugal después de que, tras unas semanas de buenos indicadores, se decidiese alegremente acoger la final de la Champions entre dos equipos ingleses. La incidencia se ha elevado considerablemente en el país vecino y además de la variante india.
Una ola sobre el perfil más joven de la población probablemente no produzca un alto impacto en las hospitalizaciones, en urgencias y en las UCI
Es más que probable que, una vez cumplidos los objetivos políticos relajando las medidas, el Gobierno dé marcha atrás en algunas de ellas si la situación empeora. Una ola sobre el perfil más joven de la población probablemente no produzca un alto impacto en las hospitalizaciones, en urgencias y en las UCI, pero sí en el sistema de atención primaria. Y, además, el virus circula por estos propagadores que son los jóvenes —en algunos lugares la tasa de reproducción está ya en 1,5—, y la especial administración de las vacunas todavía deja a un segmento de edad sensible, entre 50 y 70 años, sin altas dosis de protección frente a la variante hindú. Por lo que solo hay cuatro soluciones posibles y concurrentes, si se pretende convivir —salvo riesgo de colapso económico— con el virus: celeridad en la vacunación de todos los grupos, responsabilidad personal, reforzamiento de la atención primaria y mecanismos de vigilancia administrativa para evitar las concentraciones de riesgo.
El Gobierno de España ha dejado pasar un año sin resolver el nivel de inseguridad que contiene el actual marco normativo. De manera incomprensible, además. Se lo ha advertido, sin ir más lejos, el Consejo de Estado. La imagen dada la semana pasada en Baleares, con la intervención de un Juzgado revocando la decisión del Govern de la isla, es el propio de un Estado de derecho, pero nada añade a la buena imagen de una administración pública que pugna por recuperar el mercado turístico. Volvemos a abogar, por otro lado, porque la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León culmine y presente el plan de atención primaria, y se despejen las dudas surgidas al efecto con la aparición de distintos borradores.
Y mientras tanto, los ciudadanos tenemos que ser conscientes que, en ausencia de instrumentos de actuación como los que existían durante el estado de alarma, y hasta que se consiga la inmunidad de rebaño —y aún entonces—, la contención de la pandemia reside en la responsabilidad individual, nos guste o no. Sea justo o no. Haya o no haya fatiga pandémica. Por el momento, no existe otro camino.
