España encadena un periodo especialmente complicado desde el punto de vista económico. Una pandemia –con crisis de oferta unida luego con otra de demanda- es cara. También lo es una guerra. No solo por el coste de la reparación de los daños –¿quién los va a pagar sino la Unión Europea?– y el aumento de los gastos de defensa que sigue a los conflictos, sino por el hecho de unirse a esta última un encarecimiento histórico de los carburantes que, no hay que olvidarse, viene de más atrás del comienzo de la guerra, aunque el gobierno haya visto en Putin la panacea para residenciar en él la responsabilidad de todos los males.
Ahora, en los últimos días, a este panorama se ha unido una huelga de transportistas que afecta a toda la cadena de producción y que agravará más las repercusiones económicas para sectores o subsectores –por ejemplo el agroalimentario- con un comportamiento ejemplar durante la pandemia. Un problema que el ejecutivo ha querido afrontar, como es norma de la casa, echándole la culpa a terceros mientras sigue buscando rédito político en donde no debería haberlo y disipa un problema que es más complejo.
En otras de las cuestiones antes referidas, la generación del problema debe buscarse en la estulticia que han exhibido los líderes europeos y la propia Unión en su política energética. Aumentar la dependencia energética de Rusia, incluso después de la invasión de Crimea, ha supuesto un error mayúsculo y además estratégico. Como lo ha sido dejarse llevar por prejuicios ecologistas tan simplistas como renunciar a la energía nuclear –salvo en Francia, con cinco reactores en proyecto- o vincular el precio de la energía eléctrica al precio del gas natural. Los prejuicios, los populismos, las ocurrencias de salón, están muy bien para las soflamas, para los panfletos o para los púlpitos mediáticos. No para los gobiernos. Hoy se da la paradoja de que un partido antimilitarista como Podemos forma parte del gobierno que más va a aumentar el gasto de defensa en los últimos cuarenta años –de poco más del 1% del PIB al 2%- y otro como los Verdes se incluyen en uno, como el alemán, que sigue recurriendo al carbón como fuente energética y que incluso se plantea recuperar viejos yacimientos ahora cerrados.
La bajada de impuestos, el pacto de rentas y una reforma del mercado eléctrico son las recetas más necesarias
La cuestión es cómo se soluciona este embrollo económico. Por supuesto, viviendo peor de lo que se vivía en época del new deal europeo o del happy flowers. Receta que los ciudadanos deberían ir asumiendo. Este es el principio. Pero no solo. El Gobierno de España así como los rectores europeos deben asumir que lo prioritario es impedir de manera rápida la subida de precios -que tanto empobrece- en aras de un impacto en la economía lo más inmediatamente posible.
La bajada de impuestos, el pacto de rentas y una reforma del mercado eléctrico son las recetas más necesarias. En este último capítulo los ciudadanos deben saber que hay compañías que están enriqueciéndose con dinero caído del cielo por el simple hecho de cómo opera el sistema marginalista que rige el mercado eléctrico en la Unión, y que vincula el precio menor que se ofrece en el mercado al mayor, generando beneficios extraordinarios que no corresponden a los costes de generación. Y como administraciones que son, deben asegurarse que cualquier disminución de los precios debe recaer de manera inmediata en los consumidores, sean particulares o empresas. No hay que olvidar que cuanto más se encarecen los carburantes más dinero entra en las arcas del Estado que recibe, poco más o menos en España, el 50% de ese precio vía impuestos.
Mientras tanto, un paquete de ayudas debe aliviar el terrible impacto que la subida energética está causando en los segmentos más débiles de la población y en los sectores más afectados, entre ellos –pero no solo- el del transporte. Otros países vecinos ya lo están haciendo. Que una ministra diga que no recibe a los transportistas porque obedecen estos a consignas políticas es un argumento pueril y supone desconocer la realidad social y económica española. Pero dicho esto, es absolutamente inadmisible la violencia que algunos de los huelguistas están ejerciendo sobre aquellos que no quieren secundar el paro.
La siguiente pregunta es cómo se pagará todo esto. Hace unos días, en la cumbre de Versalles, el presidente de turno de la UE, Emmanuel Macron, aconsejó aplazar el cálculo y su debate político. Actuar y luego ya se verá. Quiere esto decir que vienen años duros. El italiano Draghi ha calculado el precio de esta crisis entre 1,5 y 2 billones de euros para los próximos cinco años. Que sumar a los 750.000 millones de los Next Generation.
Son las habas contadas. Las alegrías deben acabarse; también la demagogia y las consignas, las soluciones fáciles a problemas complejos. The party is over.
