El susto económico viene esta vez del Este. Las bolsas reaccionan mal ante cualquier atisbo de inestabilidad en el mundo, y más cuando están en juego la provisión de una materia prima tan importante como el gas y la recepción de productos que conforman el comercio de muchos países europeos, entre ellos los españoles. Esta semana se ha comprobado, con fuertes caídas en todo Occidente.
La tensión con Rusia es uno más de los riesgos que están recayendo sobre la actividad económica mundial, lo que dibuja un escenario incierto en los próximos meses. La recuperación seguirá en el 2022, pero el gran impulso que se vivió el año pasado irá perdiendo fuerza de manera gradual si continúan las nuevas olas de contagios. El no destierro de la pandemia incidirá en un marco macroeconómico en el que una inflación persistente, unas administraciones fuertemente endeudadas —al tener que asumir el papel de activadoras de la economía frente a la recesión de la iniciativa privada por la doble crisis de oferta y de demanda que impuso el covid— y el impacto negativo que una subida de tipos de interés en EE.UU. puede acarrear para países y empresas deudores en dólares anticipan tiempos difíciles. Afortunadamente, gran parte de la deuda país de España está en manos del Banco Central Europeo, que por el momento nada ha dicho sobre una hipotética subida de tipos de interés. Más bien al contrario, es su intención seguir con la política monetaria expansiva, al menos hasta que la inflación en el conjunto europeo no llegue al 2% (hoy roda el 1, cinco puntos y medio menos que en España).
Pero, como la economía mundial está interconectada, habrá que estar atentos a las nuevas perspectivas que presentará el Fondo Monetario Internacional el próximo martes y en especial a las recomendaciones a las autoridades chinas, cuya economía –fuente de crecimiento global, no lo olvidemos- ha sufrido un parón destacable por su política de covid cero.
En España, el Gobierno es el único que se resiste a no bajarse del burro en las expectativas de crecimiento. Entre otras cosas, porque demostraría que el escenario dibujado en los Presupuestos Generales del Estado, recién aprobados, es una mera suposición, y que por lo tanto el castillo de naipes está a punto de venirse abajo. Esta semana se han conocido los estudios de BBVA y de Funcas, dos instituciones de enorme prestigio que fijan la previsión de crecimiento en el 5%, dos puntos menos que lo establecido por el Gobierno en su documento económico. Esta descompensación hace suponer una inflexión en los próximos meses sobre determinadas figuras tributarias y una limitación autonómica a la bonificación de los impuestos que graban el patrimonio, las sucesiones o las donaciones. Es decir, a las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León. Porque obviamente ni a Navarra ni a Euskadi les afectará, por su régimen foral privilegiado.
Los mismos estudios alertan de que no habrá situación prepandémica en cuanto actividad económica hasta finales del 2023 y que el paro en nuestro país seguirá siendo del 14%. Pero lo significativo es que se reconoce que la incidencia de los fondos europeos en el crecimiento de la economía española será muy pequeña.
Se diga lo que se diga en las instancias oficiales, existen unas dudas razonables sobre la utilización que se está realizando de dichos fondos y la eficacia en su gestión. El despliegue de propaganda por parte de representantes del Ejecutivo en estas últimas semanas ha sido grande, con la descarada utilización de los servicios informativos de la televisión pública, que vuelve otra vez por sus fueros progubernamentales. Buena parte de culpa en esa desconfianza la tiene el sistema de reparto de fondos que determinó en el 2021 el Ejecutivo y que oscurece cualquier transparencia que se pretenda.
Ante ello, la nueva regulación del mercado de alquiler de viviendas y el bono joven del alquiler, que, según algunas previsiones, apenas llegará a los 70.000 beneficiarios, pueden resultar un nuevo parche que esconda una realidad más amarga y una situación económica en la que las curvas se solventan por una parte del Gobierno —la de Podemos— haciendo declaraciones en periódicos extranjeros sobre la calidad de la carne española o lavándole la cara al sátrapa de Putin.
