Cuando parecía definitivamente encaminada la concesión de indultos a los presos condenados por sedición, otros elementos saltan al contaminado escenario político de Cataluña. El primero, un documento de Esquerra Republicana sobre la estrategia a seguir para debilitar al Estado. El otro, las declaraciones de un miembro del Gobierno central —repetimos, de un miembro, ministra en esta caso, del Gobierno de la nación— solicitando que se amplíe el perdón no solo a quienes han sido juzgados y condenados por el Tribunal Supremo —y cumplido parte de las penas—, sino a quienes, como Carles Puigdemont, han evadido la acción de la justicia.
La historia ha demostrado que la firmeza de un Estado es el único mecanismo que los independentistas entienden
Que ERC esgrima un documento de ese tenor es algo que solo puede extrañar a ilusos. Que haberlos, por lo que parece, haylos. Y muchos. Es lo que viene haciendo el partido desde los años de la II República, salvo el minúsculo paréntesis que supuso el gobierno del marqués de Tarradellas en la Generalitat. La sedición se consumó por la insistencia ante el entonces president Puigdemont de personas como Oriol Junqueras, Gabriel Rufián —y sus 155 monedas de plata— y con la compañía de las lágrimas de Marta Rovira. Creer, por el contrario, en la argucia de Junqueras en forma de carta es caer en un buenismo que mucho nos tememos que poseerá escaso recorrido. La historia ha demostrado que la firmeza de un Estado —de un Estado social y democrático de Derecho— es el único mecanismo que los independentistas entienden. No viene mal recordar a los buenistas que entre los delitos por los que fueron condenados estos delincuentes se encuentra el de malversación de fondos, ante cuya simple sospecha se levantan todas las alertas en cualquier otro escenario que no sea el catalán. Observar cómo preside el Parlament una persona imputada por este delito es otra muestra de la patología que afecta a la política del Principado.
Las declaraciones de la ministra Belarra introducen en la cuestión otra variable. Lo que propone una ministra del Gobierno del Estado es lisa y llanamente una amnistía encubierta. Es decir, excluir la aplicación de un tipo previsto en el Código Penal a un presunto delincuente. Ya no hablamos de una conmutación parcial de penas, sino de una medida más amplia, que queda fuera de las atribuciones de un gobierno y que requiere una ley general que con el mismo juego de mayorías excluya otra anterior como es el Código Penal. Por supuesto, el presidente Sánchez ha puesto cara de póker. Y ninguno de los diputados socialistas en el Congreso ha sido capaz de levantar la voz. The party´s not over. Desgraciadamente.
Mientras que sucesivos gobiernos españoles miraban para otro sitio, la Generalitat ha estado inoculando a generaciones de jóvenes catalanes la falsificación de la historia
El Tribunal Supremo ha expuesto con claridad los requisitos para la concesión del indulto. Su informe, preceptivo aunque no vinculante —pero dotado de la máxima autoridad jurídica—, ha fijado uno de los requisitos que aparece como indispensable en el procedimiento: la utilidad pública. Es decir, no tanto el arrepentimiento, sino la seguridad de que no se vuelva a reincidir. Se sale con ella de la tradición judeocristiana de la culpa para introducir la cuestión en el más práctico ámbito jurídico. ¿Alguien puede asegurar que después de la aplicación de una medida de gracia, decimonónica, que subvierte la aplicación del ordenamiento jurídico, no estaremos dentro de unos años en las mismas? Por el momento, ninguno de los afectados, ninguno, ni siquiera Junqueras, lo ha asegurado, más bien han afirmado lo contrario.
Dudamos de que la mayoría de los españoles se opusiera a una medida de generosidad que supusiera la resolución de un conflicto que dura años. Pero por el momento, no es el caso. Mientras que sucesivos gobiernos españoles miraban para otro sitio, la Generalitat ha estado inoculando a generaciones de jóvenes catalanes la falsificación de la historia y los agravios, ha negado derechos a los castellanoparlantes —¿cómo se puede decir que el español no es lengua nativa de Cataluña después de 500 años?— y los generadores del procés —familia Pujol— se lo han llevado crudo. Sería terrible que generosidad se confundiera otra vez con debilidad. Es el bien común el que está en juego.
