En un país democrático, como el nuestro, siempre es un motivo de fiesta y de orgullo la celebración del aniversario de la Constitución. Una Constitución supone el contrato de una comunidad madura para reglamentar su vida social. La española, que mañana cumple 43 años, es la mejor carta magna de nuestra historia y posiblemente también lo sea de Europa. Bebe del espíritu de esas constituciones que se elaboraron después de la II Guerra Mundial que buscaban la estabilidad institucional y la garantía de los derechos individuales de la manera más firme posible. Su principales y compartidos objetivos eran dificultar sobremanera las vejaciones y atropellos de la dignidad humana y facilitar el control del abuso del poder. En el caso de la española, a estas garantías suma la promulgación del estado social como manera de unir los derechos personales con los comunitarios.
Y, sin embargo, ninguna consecuencia se ha generado, siendo como son dos hechos gravísimos
Puede parecer superflua esta reiteración en la celebración. Pero nunca es así y más este año, en el que su máxime garante, el Tribunal Constitucional, ha sancionado dos ataques graves, y, desgraciadamente, provenientes de las más altas instituciones del Estado. Han pasado, paradójicamente, inadvertidos, pero no por ello su gravedad disminuya. Nos referimos a los sendos varapalos que han recibido el Gobierno y las Cortes Generales. El primero, por equivocar el estado de alarma con el estado de excepción. La segunda, por suspender el periodo de sesiones con la excusa de la maldita pandemia. En el primero de los casos, los derechos de los ciudadanos se vieron constreñidos utilizando un instrumento jurídico que no era el adecuado. En el segundo, los representantes de la soberanía nacional no pudieron realizar su cometido, lo que no es cuestión baladí. Y, sin embargo, ninguna consecuencia se ha generado, siendo como son dos hechos gravísimos.
Hubo también el año pasado una circunstancia que alteró el normal funcionamiento de la Constitución en lo referente al funcionamiento institucional. SM el Rey Felipe VI fue vetado en la entrega de despachos de la 69ª promoción de la carrera judicial. La Corona ejerce en defensa del Poder Judicial, del Estado de Derecho y de la propia Constitución, como bien demostró el rey en el discurso del 3 de octubre de 2017, a semejanza del que realizó su padre, Juan Carlos I, con motivo del 23 de febrero del 1981. La Justicia se administra, según mandato constitucional, en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia de la indivisible nación española, cuya soberanía reside en el pueblo español, en todo el pueblo español, no en una parte o en un segmento.
Durante estos años, unos pocos se han atribuido la potestad de cambiar la historia. Otros, que por desgracia son los socios del gobierno, simple y llanamente quieren destruir el orden constitucional de 1978, la mayor empresa en común de los españoles, de todos los españoles, en muchos años. No huelga, por lo tanto, volver a proclamar y a festejar los valores de una Constitución que ha permitido los mayores años de estabilidad, progreso y desarrollo en todos los campos de nuestra historia reciente. Lo que supone una defensa de su totalidad, incluso de aquellas partes que por el paso del tiempo y de la práctica administrativa reclaman una reforma. No obstante, creemos que en la situación actual de la política en España, con los dos partidos mayoritarios incluso divididos a la hora de la ejecución de los mandatos de la Carta Magna –véase la renovación del Consejo General de Poder Judicial o del propio Tribunal Constitucional–, no es momento de proceder a esos cambios. Sí, en cambio, de volver a manifestar la necesidad de su respeto y de alegrarse de que, por encima de intentos espurios, los mecanismos constitucionales hagan posible su defensa, incluso con más brío que la propia población española, la más interesada en ello.
