Los máximos responsables de dos de nuestras instituciones no pasan por el mejor de los momentos. Ni la alcaldesa de la capital ni el presidente de la Comunidad Autónoma.
Todavía colea, en el primero de los casos, el varapalo dado por el Gobierno a la gran tradición histórica que liga a nuestra ciudad con el Ejército de Tierra. Es muy probable que haya existido laxitud por parte de los máximos responsables del Ayuntamiento segoviano, y que el coste político sea alto. Pero de nada sirve quedarse lamiéndose la herida. La reacción pasa ahora no por un ataque sin cuartel en el que predominen las palabras y los reproches, sino por el qué hacer de cara al futuro ante unas perspectivas que como ciudad no son halagüeñas.
La oposición tiene aquí también un papel a jugar más allá de las palabras y de las reprobaciones.
Es en estas circunstancias cuando se denota la altura política de los gobernantes, la necesidad de elevarse sobre los intereses cortoplacistas y de partido y encarar las dificultades con proyectos, con acciones. Le corresponde a la alcaldesa liderar este proceso. Los tiempos no son buenos, ni la situación de la corporación municipal más importante de la provincia tampoco. Tan malos son los sueños ilusorios del pasado como la ausencia de proyectos creadores de riqueza del presente. Es cierto que la situación financiera, por esa hipoteca que viene de atrás, lastra, y mucho, pero hay iniciativas que no tienen por qué ser protagonizadas solo por una administración. Hace unos meses se supo que Ávila va a contar con un plan industrial dotado con 34 millones de euros. ¿Para cuándo Segovia? ¿Por qué no se siguen los pasos dados en esa ciudad y en esa provincia? La oposición tiene aquí también un papel a jugar más allá de las palabras y de las reprobaciones. Siempre es tiempo de la política; pero de la de altos vuelos.
También ha recibido la Junta de Castilla y León su reprobación por la resolución de la sala cuarta de lo Contencioso y Administrativo. En este caso, recae en el presidente, como autoridad delegada y por lo tanto responsable de la medida de adelantar el toque de queda a las 20 horas. ¿Cómo se puede pedir a los ciudadanos el respeto de la ley si es la administración la primera que parece no cumplirlo? En todo caso, este presunto desprecio por los derechos individuales y económicos de los ciudadanos y de las empresas tuvo su precedente en el mes de octubre, con resultado semejante por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La triquiñuela jurídica de retrasar las alegaciones para dilatar lo máximo posible el procedimiento es tan incomprensible como la dejación de la abogacía del Estado por no reclamar medidas cautelarísimas. ¿Y ahora, qué? Manifestar que se acata la resolución judicial es una obviedad que se cae de su misma simpleza. Desde las páginas de este periódico titulamos en su día: “Urge la suspensión” de la medida. No se hizo. Veremos las responsabilidades que se desprenden. La política, parece que no existe.
Otra cosa serán las económicas.
