En ocasiones, en la naturaleza del ser humano concurre una terrible paradoja: tienen que darse las cosas mal para que empiece a pensar y a actuar bien. Pareciera que es más complicado dejar de razonar mal que empezar a razonar bien. Por los signos externos es lo que puede estar ocurriéndole al equipo de gobierno de Pedro Sánchez: es la reacción ante las circunstancias negativas sobrevenidas la que está conduciendo la nave a buen puerto; es en el cambio de postura inicial en donde parece hallarse el acierto. En apenas unas semanas el Ejecutivo español ha dado un giro de hasta 360 grados en algunas de las políticas llevadas hasta el momento: en las relaciones internacionales, en materia de defensa, en la política energética, en materia laboral y en la de transporte. En la mayoría de ellas, sin embargo, ha sido la tozuda realidad la que ha prevalecido frente a apriorismos ideológicos, a programas de partido o a intenciones de gobierno. También en buena parte de ellas el resultado ha surgido después de un desgaste económico innecesario o tras una implicación personal del presidente o de sus ministros estrellas: las dos vicepresidentas –primera y segunda-, la ministra de Defensa o el ministro de Agricultura, solucionando parcialmente un problema previamente originado por otros colegas que ocupan sillón en el Consejo.
Recordamos que hace menos de un año, la vicepresidenta de Transición Ecológica se negaba a la continuación del Midcat, la conexión gasística con Francia; la consecuencia es que España puede almacenar –gracias a una inteligente política del pasado- un tercio del gas europeo, que llega licuado, pero poca capacidad posee de conexión europea. España cuenta con seis plantas de gasificación pero tiene dificultades de exportación. Ahora el proyecto puede volver a retomarse incluso con carácter estratégico. Parece que los prejuicios de la ecolatría han quedado atrás vencidos por la realidad de los hechos. Es la misma vicepresidenta que dijo que el diésel en los coches era una obsolescencia, que llamó catastrofistas a quienes predecían hace un año una subida histórica del precio eléctrico o la que quiere clausurar una estación de esquí pero no se atreve a ejecutar el cierre.
Lo sucedido con el sector del transporte responde a las mismas circunstancias. Una ministra inexperta e ideologizada subestima un problema, se niega a recibir a los autónomos convocantes de los paros y atribuye estos a un grupo minoritario y de ultraderecha. Mayor despropósito no ha podido haber. En la era de las redes sociales, las plataformas juegan semejante papel que el de las organizaciones tradicionales, que andan a retortero de las nuevas agrupaciones sectoriales, y más cuando se deben al color político imperante en el Ejecutivo – ¿qué hubiera pasado si la inflación galopante que sufrimos hubiera ocurrido con un gobierno de derechas?-. El problema no es solo el precio de los carburantes –que lo es- sino el conflicto existente en el sector del transporte entre las grandes patronales y los autónomos, cosa que la ministra no ha sabido entender. Es, por cierto, el precio a pagar por los nombramientos de miembros del gabinete con el único aval de la condición de género, de la edad o de la simpatía personal. El resultado es un gobierno en el que la mayoría de sus componentes naufragan o tienen escasos recursos de gestión.
La pérdida de poder salarial aumenta, el endeudamiento del país crece y la política tributaria es de las más apabullantes de Europa
Pero la realidad, como se ha dicho, es más tozuda y termina poniendo a cada cual en su sitio. A este numeroso ejecutivo, con algunos ministerios que responden a cuestiones de reparto político o de estética militante, le salen grietas por todas partes. Parece que solo acierta cuando rectifica. Y mientras tanto, la pérdida de poder salarial aumenta, el endeudamiento del país crece y la política tributaria es de las más apabullantes de Europa –en los impuestos directos, en los indirectos y en el coste social a las empresas- en relación con variables como la productividad, el PIB o la renta per cápita.
No hay que olvidar que nuestra tarifa regulada (PVPC) es única en Europa y perjudica considerablemente al pequeño consumidor
Hay que felicitarse por el respiro energético que ha concedido la UE a España el pasado viernes. Esperemos que en un mes se note en la factura eléctrica. Pero no hay que olvidar que nuestra tarifa regulada (PVPC) es única en Europa y perjudica considerablemente al pequeño consumidor, y que el peso impositivo en electricidad, como en carburantes, no solo es excesivo sino que el Gobierno se resiste a tocar. Cuando lo ha hecho, con la rebaja temporal del IVA, solo la han notado quienes están en el mercado libre eléctrico, dado que los consumidores que permanecen en la tarifa regulada han visto cómo la disminución ha sido absorbida por el encarecimiento de los precios.
La realidad impera y es la que decide. Mejor rectificar que persistir en el error. Es triste consuelo, pero es lo que toca.
