En uno de esos anuncios de prestidigitación, a los que es tan aficionado, el presidente del Gobierno anunció el pasado 24 de febrero, y en sede parlamentaria, un plan de 11.000 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos. No solo no especificó las características del plan sino tampoco adelantó su naturaleza financiera. Solo dijo que iría destinada esa cantidad a reforzar el balance de las empresas, lo cual es un término muy genérico, salvo que se entienda que la única manera de conseguir este objetivo es mediante ayudas directas, que contribuyen a la formación bruta de capital.
Por desgracia, la credibilidad del presidente a la hora de anunciar planes es escasa. Nada se sabe del plan de ayuda al turismo anunciado también a bombo y platillo hace unos meses. Lo único tangible durante esta época de pandemia han sido los ERTEs y los créditos avalados, que no concedidos, por el ICO. Los primeros han supuesto un coste, pero probablemente menor que lo que hubiera conllevado una proliferación de EREs y el consiguiente engrosamiento de la lista de parados. Para quien sin duda ha supuesto un alto precio es para los empresarios, que han tenido que seguir contribuyendo a los costes sociales de sus empleados regulados. En los ICO el desembolso del Estado solo se producirá cuando se devengue el impago, si es que se produce. Esta contención en las ayudas contrasta con el aumento significativo de la asignación a los sindicatos, aunque solo sea por la carga simbólica que posee.
España ha sido el único país que no ha otorgado ayudas directas, cuidando más el estado de sus cuentas que el de las empresas. La ausencia de liquidez, con una situación de paralización del mercado y de asunción de costes, puede derivar en problemas de solvencia en las mercantiles. El Banco de España ha informado que las empresas en insolvencia rondan el 14%, ¡diez puntos más que en 2009! Algo muy preocupante. No existe, al contrario de lo que ha dicho algún portavoz, ningún obstáculo legal para que el Reino de España conceda subvenciones directas, beneficios fiscales o cualquier otro tipo de ayuda. El límite, el único límite, son los 1,8 millones de euros por empresa. Es el criterio de la Unión Europea. Pero el Gobierno se ha resistido y parece que sigue resistiéndose, según las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, transmitiendo la responsabilidad a las comunidades autónomas mediante la aplicación de los fondos europeos.
La medida de imponer quitas a las entidades financieras sobre la financiación avalada por el ICO —otra de las medidas— puede beneficiar de manera indirecta a esa solvencia de la que hablábamos, pero traslada el problemas a las entidades, que, según la actual reglamentación bancaria, no solo tendrían que llevar a pérdidas el producto de la quita, sino provisionar el conjunto del préstamo con riesgo vivo. Además supondría un agravio comparativo para aquellas empresas que no han podido acceder a esa financiación bancaria por problemas estructurales.
Durante este año, hemos insistido desde este periódico en la necesidad de clarificar la situación, y máxime cuando en un escenario futuro de mejora económica el precio de las materias primas está subiendo —tensionando los costes— y la inflación, ese impuesto invisible, amenaza con repuntar. Bueno sería que se concretase el panorama con las características del plan, y que este sirva para reforzar la solvencia de las empresas. El resto es seguir aventando humo.
