El caso Trípode

PP y Cs han olido carne fresca en el Ayuntamiento de Segovia, y como un tiburón se han lanzado tras el rastro de sangre. Pedir la dimisión de la concejala de Cultura y Turismo, Gina Aguiar, por el caso Trípode parece exagerado, en orden a la magnitud, la gravedad de lo actuado y la ausencia de pruebas sobre las acusaciones de amiguismo y negligencia efectuadas por populares y ciudadanos. Lo cual no es óbice para que la contestación del Ayuntamiento, una vez conocida la sentencia del contencioso-administrativo, asegurando que “estamos únicamente ante el cuestionamiento de un procedimiento administrativo concreto, sin trascendencia jurídica alguna”, además de precipitada –solo hay que atender a la fecha del encabezamiento de la nota de prensa-, adolezca de razonabilidad. Fundamentalmente porque se está hablando de una resolución judicial que evidencia lo contrario y desde unos parámetros puramente jurídicos. “Dura lex sed lex”.

“Es llamativo que las Concejalías de Turismo y Cultura lleven unos meses siendo objeto de atención mediática y política”

Otra cosa es que esa decisión jurídica tenga que derivar en unas consecuencias políticas automáticas. Creemos que en este campo el recorrido es corto. Y somos conscientes de que utilizamos en la argumentación un razonamiento contrario al habitualmente argüido. Ni todas las actuaciones que no poseen consecuencias jurídicas tienen que estar exentas de responsabilidades políticas, ni aquellas que alcanzan relevancia jurídica deben conllevar unas repercusiones políticas inmediatas y obligatorias; entre otras razones por el formalismo de nuestro ordenamiento administrativo, que persigue la seguridad jurídica y el deseo de evitar corruptelas públicas. Como se decía, hay que atender a otros indicadores más allá del error o preterición en un procedimiento administrativo referente a un contrato de menor cuantía. Bien distinto sería que concurriesen las circunstancias que aducen los partidos de la oposición municipal, que en todo caso tienen que ser probadas y constituir algo más que simples descalificaciones. En ocasiones, los políticos muestran una laxitud enorme cuando se trata de su propio partido y una rigidez extrema cuando se enjuicia al contrario.

Dicho esto, es llamativo que las Concejalías de Turismo y Cultura lleven unos meses siendo objeto de atención mediática y política. Primero fue la dimisión de Claudia de Santos con argumentos que mal casaban con el tiempo de legislatura transcurrido; después, las dudas sobre la Juan de Borbón vertidas por un funcionario público –aquí sí que existieron informes previos- que, por cierto, afectaban también y fundamentalmente a la labor de control de los responsables del patronato, y que se ha querido aprovechar políticamente para cuestionar incluso la existencia de la propia Fundación. Vienen unos meses muy importantes para la reactivación del turismo en la ciudad de Segovia, pieza clave de su economía. Más que volver a abrir una nueva vía judicial con un recurso de casación –y van…- las concejalías mencionadas deberían hacer público lo antes posible los actos e iniciativas programados de cara a este verano e intentar despejar cualquier duda de personalismo y del juego simpatía/antipatía, amigos/enemigos en la gestión pública.