Si a la pandemia se le pudiera aplicar criterios morales se resaltaría su enorme injusticia, cebándose con los más débiles, con los más mayores, con los que no poseen suficiente recursos para salir de pisos pequeños y hacinados. Hay que intentar que las desigualdades de la naturaleza no terminen también impregnando el tejido social ni el económico. Querer hacer pagar el pato a la hostelería de las acometidas de la pandemia no solo es injusto, sino que además posee unas derivadas que transciende al propio sector afectado. Pasear ayer por Segovia evidenciaba la relación que existe entre el comercio y los servicios. Cerrados los bares, el comercio languidece. La hostelería posee un efecto palanca innegable. Si se percibe en toda Europa cuanto más en España, donde las costumbres y hasta nuestra propia cultura social está estrechamente ligada a bares, cafeterías y restaurantes.
El Gobierno regional ha sido especialmente rígido en los dos acuerdos emitidos, el 76 y el 78, en los que se recogen las medidas preventivas de carácter excepcional para control de la pandemia y se declara en toda la Comunidad el nivel de alerta 4. Nos explicamos. En primer lugar, ha hecho tabla común en Castilla y León a la hora de la declaración del nivel de alerta 4. Hoy día, las disparidades en cuanto a la tasa de incidencia son significativas entre unas provincias y otras, y entre las capitales y localidades pobladas y el resto de territorio con menor densidad poblacional. Se recoge hoy en las páginas de nuestro periódico.
Por otro lado, volver a castigar a la hostelería, sin distinguir los interiores de los exteriores, no encuentra una justificación razonada, y más teniendo en cuenta los esfuerzos que los hosteleros han realizado para acondicionar las terrazas de cara a la segunda ola. Cantabria, por poner un ejemplo, posee una tasa de incidencia superior a Segovia, y se han cerrado los interiores pero se deja el servicio en el exterior, con un límite de ocupación de mesas y la distancia y la higiene necesarias. Otro ejemplo de lo drástico de las iniciativas adoptadas se encuentra en la medida 3.30, que se recoge en el acuerdo 76 y que se aplica en el actual nivel de alerta, y que obliga a que las “reuniones de negocio”, “reuniones profesionales” y actos similares solo puedan celebrarse de manera telemática.
Algunas de las medidas no han encontrado el respaldo judicial, como las visitas en los centros residenciales de personas mayores. Esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ahonda más en la inseguridad jurídica del proceso desplegado a raíz de la segunda ola. Como el Acuerdo en el que se amparaba la medida, Acuerdo 78/2020, fue tomado por la Junta de Castilla y León y no por el presidente en su calidad de autoridad delegada a tenor del RD 926/2020 de 25 de octubre de declaración del Estado de Alarma, ha ejercido el Tribunal su labor fiscalizadora, no habilitando esta medida en particular. No coadyuva tampoco a la sensación de seguridad el que el Congreso de los Diputados haya ratificado por un tiempo que excede de los 15 días la declaración del Estado de Alarma, lo que tiene difícil encaje constitucional por mucho que el Gobierno central se haya comprometido a presentar cada dos semanas las oportunas explicaciones sobre la marcha de la pandemia.
El Plan de Choque por el Empleo, que contempla ayudas específicas a la hostelería, se firmará el próximo día 11. Desarrolla el punto 25 del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social que la mayoría de los grupos firmó el pasado 17 de junio. Habrá que contemplar la magnitud y la naturaleza de dichas ayudas. Pero no hay que olvidar que lo que desea cualquier empresario es el desarrollo de su actividad, por lo que cualquier medida restrictiva tiene que ser limitada en el tiempo y en su alcance.
