
La clave es un elemento esencial en la arquitectura, bien sea de una bóveda, de un arco o de un puente. En ella coincide una serie de tensiones que su sola presencia equilibra, evitando que la carga vertical termine desplomando la obra. En su libro “Las ciudades invisibles”, Italo Calvino refleja con sutileza exquisita la importancia de la clave en la construcción de un puente: es una piedra más, pero sin ella no se entiende el conjunto de la fábrica; parece que no sobresale, pero su función es única, ninguna otra piedra por mucho que se le asemeje puede desarrollar su labor; en ocasiones no destaca, pero es eficacísima en su cometido.
La Monarquía es la clave que sostiene la bóveda del Estado español configurado en la Constitución de 1978. El artículo 1 posee una redacción que define a la perfección su diseño como Estado social y de derecho, cuya soberanía reside en el pueblo y que adopta la forma política de Monarquía parlamentaria. En tres puntos se perfila una caracterización completa de un modelo que se perfecciona en el artículo 2 al declarar la indisoluble unidad de la Nación española. Cualquier alteración en esa perfecta conjunción de fuerzas equilibradoras daría al traste con un sistema que ha proporcionado los cuarenta años de mayor estabilidad y progreso de nuestra historia moderna. Se comprende entonces que en los ataques continuos a la Monarquía confluyan quienes pretenden derribar el complejo político diseñado en la Constitución española y quienes directamente aspiran a destruir a España como Nación.
Que la Fiscalía del Supremo anuncie la investigación al Rey emérito por supuestas comisiones en el AVE a La Meca, salidas a la luz por la conjunción de un despecho sentimental con los intereses espurios de un expolicía corrupto, indica la grandeza de un régimen que el mismo Rey inspiró. Llama la atención no obstante que sea la Fiscalía quien lo publicite y que algunos partidos hayan asumido lo que no deja de ser una simple comunicación —sobre la que ningún Tribunal hasta el momento se ha pronunciado— y la hayan pervertido convirtiéndola en una presunción de culpabilidad que refuerza sus propósitos particulares. Cualquier partido político en España tiene derecho a defender la opción que estime si la realiza dentro de los cauces constitucionales.
Es la grandeza de la democracia. Pero chirría que esas voces predominen frente al silencio de quienes por el cargo público que ocupan tendrían que dejar bien asentado que, en todo caso, lo que se pretende es salvaguardar una institución incluso por encima de la persona que en un momento determinado la ha ocupado, y que ha dejado además un valioso e indiscutible legado político.
Tampoco vendría mal recordar que si a un Rey emérito se le considera como un simple ciudadano también se le debe otorgar los mismos derechos que los ciudadanos atesoran en el Estado democrático, entre ellos el de presunción de inocencia.
Cualquier actuación dentro del sistema constitucional tiene que llevar parejo un reforzamiento del mismo sistema constitucional. Que algunos aprovechen para debilitarlo atacando directamente a la clave de la bóveda, del arco, del puente que lo sostiene con la pretensión de que caiga la obra levantada durante cuarenta años solo supone una artimaña de escaso calado democrático. El Gobierno como institución debe defender a las restantes instituciones constitucionales. Incluyendo a la Monarquía parlamentaria. Sin ambages. Sin artimañas. Sin aprovechar la disponibilidad de medios públicos como la televisión o el CIS. No sería muy presentable que se abriera el debate —otro debate— en un momento en que resurge el conflicto catalán y la crisis anima a populismos y soluciones extemporáneas. Es la función de un Gobierno democrático, con independencia de las tesis de los distintos partidos que lo componen. A los demás solo nos cabe desenmascarar a quienes pretenden deslegitimar a un sistema que se concreta en unas normas y en unas magistraturas y que fue refrendado por el voto mayoritario de los españoles, que es en quienes reside en primera y última instancia la soberanía nacional.