Ángel González Pieras – Pobreza en España

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Tengo que confesar que guardo cierta distancia ante los heraldos de lo negativo; incluso hacia quienes son guiados por una visión a medio camino entre la ideología ingenuamente progresista y una teología laica de la sociedad. Pero en ocasiones funcionan como un Pepito Grillo muy útiles para la conciencia social.

A mitad del mes de febrero visitó España uno de esos relatores de la ONU que se caracterizan por el “buenismo” propio de su condición y más tienden a visiones parciales en su análisis que a estimaciones científicas. Philip Alston concluyó que en España 2,5 millones de ciudadanos viven en la pobreza y alrededor de un cuarto de su población —unos 12 millones— están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Una situación bastante alarmante e impropia de un país desarrollado y de economía social.

En realidad, el australiano se basaba en un Informe de la Red europea contra la pobreza y la exclusión social que se presentó en el Senado a mitad del mes de octubre anterior. La fiabilidad de este tipo de conclusiones depende del método que se utilice. En este caso, el indicador utilizado —denominado AROPE— contabiliza las personas afectadas al menos por uno de los tres problemas siguientes: pobreza monetaria, situación de privación material severa y pertenecer a hogares con poca intensidad de trabajo. Pero cualquier conclusión que se precie no puede obviar —y habitualmente se obvia— la tasa de economía sumergida que se contabiliza en nuestro país, y que varía también dependiendo de quién realice la medición; puede rondar entre el 11,2 del PIB (Agencia tributaria) al 22% que estima el profesor Castillo, afectando entre 1,5 y 2 millones de personas.

Las colas de cientos de personas ante los comedores sociales en un barrio de Madrid, no en uno de sus suburbios, es una imagen impactante y retrotrae la mirada hacia las palabras de Alston. La crisis económica asociada a la pandemia amenaza con carácter transversal a toda la población, pero en especial a dos segmentos sociales: aquellos que cuentan con escasa cobertura pública –autónomos y componentes de ese magma que desarrolla una actividad tradicional por lo general fuera de los cauces oficiales: mercadillos ambulantes y feriantes entre ellos- y a las personas con cargas familiares. El último informe que la Comisión Europea hizo sobre España el 20 de mayo ve probable que aumenten los “elevados niveles de pobreza o de exclusión social” en el país. Entiende Bruselas que el sistema de protección social nacional está cada vez más sesgado hacia políticas que tienen a los mayores como principal eje de atención, prestando poca atención a los jóvenes y a otros sectores sociales.

El golpe de la pandemia ha sido terrible. Y el caso es que hasta entonces no íbamos tan mal. En el año 2017 la desigualdad en España cayó al nivel más bajo en una década, con un coeficiente Gini del 33,2 en una escala de cero —todos los ciudadanos reciben la misma renta— a 100 —un ciudadano recibe toda la renta y el resto, nada—. Ahora hay que rehacer el camino.

Uno de los problemas que existe a la hora de enfrentarse con el problema es la gran disgregación que se da en la cobertura social de las Comunidades Autónomas, del que los distintos sistemas de renta básica forman parte. Y que van desde los 300 euros de Ceuta a los 1.143 de Navarra. Pienso que es conveniente un ingreso mínimo estatal en estos momentos. Que armonice estas figuras, que no posea necesariamente el carácter de permanente y que quede inexorablemente ligado a la búsqueda de trabajo. Es la coyuntura la que lo impone, no apriorismos ideológicos ni populismos demagógicos.