Ángel González Pieras – ¿Para cuándo las ayudas a la liquidez?

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La cuestión no tiene especial complejidad en una primera ojeada. Luego se complica. Me explico. El Gobierno anuncia que va a movilizar 200.000 millones de euros para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 85.000 corresponderán a los agentes privados —con especial incidencia en las entidades financieras, que se verán obligadas a aceptar la moratoria en el pago de las hipotecas—, y de los 115.000 restantes “como máximo” 100.000 se destinarán a la concesión de avales por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (artículo 29 (2) del Real Decreto Ley 8/2020). Es la manera de entender la inyección de liquidez al sistema financiero en ayuda de las pymes y autónomos. ¿De las pymes y autónomos? Bueno, quizá me he adelantado, y ustedes lo comprenderán dentro de poco. Podía haber creado Un Fondo de Liquidez de Empresas (FLE) a semejanza del Fondo de Liquidez Autonómica creado en el año 2012 (FLA), gestionado por el Instituto de Crédito Oficial en colaboración con las entidades financieras. Pero no. Ha puesto el acento, la “bazuka” —el ICO ha lanzado ya al mercado una línea de 400 millones de euros— en la línea de avales, que solo supondrá un desembolso por parte del Estado en caso de incumplimiento de la obligación financiera principal que recibe la garantía. ¿O no? Me sigo adelantando. Es decir, que no computará en déficit, y no se cargará a las arcas del Estado, y no consumirá liquidez pública, hasta que este se vea obligado a restituir y pagar porque el prestatario no lo haga, que así funciona este producto financiero especial que es el aval.

Ha llegado el momento de resolver tanto galimatías como el que recogían las frases anteriores. Galimatías que se deben a la propia redacción del artículo en donde se regula, ¿regula?, la prestación de avales —repito, la principal y más cuantiosa aportación de recursos públicos—. Que dice así: “las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por acuerdo del Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para sus aplicación”. O sea, que la medida fundamental para dotar de liquidez al sistema financiero, y para quitar el agobio a las empresas ante la parálisis de la economía española, y para permitir la vuelta a la normalidad después de estos meses presentes y venideros de zozobra, todavía no tiene regulación. Que no se sabe quién podrá acceder a la ayuda, ni el grado de cobertura de los avales, ni su naturaleza jurídico mercantil ni su plazo. Y todo ello en un decreto de 41 páginas, muy casuístico por lo general y en donde las medidas laborales —muy loables, sin duda— ocupan 23 artículos. Si fuera un cronista político, que no lo soy, diría que la parte del Gobierno regida por Podemos le ha ganado la partida a los del PSOE.

La regulación de estos avales es de vital importancia para que la liquidez de las empresas sea un hecho. Puesto que se requiere el concurso de las entidades financieras es necesario que estas tengan el escenario despejado. No es lo mismo que el aval cubra el 50, el 80 o el 100 % de la financiación. Y que en este se reconozca la especial renuncia a los principios de excursión división y orden —es decir, y resumiendo, que sean solidarios— o que los bancos tengan que intentar ejecutar primero los bienes del prestatario y solo después acudir al Estado en la ejecución del aval. La virtualidad de los avales en los que se renuncia a los principios antes mencionados es que no consumen capital a los bancos prestatarios. Así se recoge en las circulares 4/91 en coherencia con la 4/2017 del Banco de España. En otras palabras, que un préstamo o crédito para circulante a una empresa en apuros financieros si tiene el aval del Estado, y este es solidario, no requerirá una posterior provisión de la entidad, que lo concederá no con mayor alegría pero sí con menor preocupación. Y así la liquidez será un hecho, no solo una declaración de intenciones. Este argumento vale para el porcentaje de cobertura de los préstamos o créditos. No es lo mismo que el aval cubra el 100% que el 80 o el 50%.

El Gobierno del Estado —la ministra Calviño— ha intentado con el uso de los avales como principal producto de liquidez que el consumo de los recursos públicos se aplace. El Gobierno en pleno ha intentado que las entidades financieras devuelvan ahora con esta y con las moratorias de las hipotecas la aportación de recursos que se produjo para, principalmente, las cajas de ahorro y cuya cuantía, dependiendo los criterios de contabilización, van de los 48.000 a los 88.000 euros —por cierto, en el peor de los casos muy inferior la cantidad a la desembolsada por Alemania o el Reino Unido en su día y con el mismo fin—. No está mal la medida, pero sería conveniente que el Consejo de Ministro no dilatara más, no procrastinara más, en la regulación de las condiciones y requisitos. Comenzando por el de quiénes pueden acogerse a la medida y terminando por los plazos, precios y condiciones varias. Si no, el “bazuka” español tiene el riesgo de convertirse en meros tiritos de fogueo.