Ángel González Pieras – Cuidado, cuidado

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No hemos sido desde estas líneas tibios a la hora de ponderar de manera positiva algunas medidas dictadas por el Ministerio de Trabajo, en particular la exención total de las aportaciones de la empresa a la Seguridad Social en caso de procesos de suspensión del trabajo (ERTE) por causas de fuerza mayor y la reducción de plazos en dicho procedimiento.

Pero en los últimos días se están adoptando algunas iniciativas que señalan una deriva preocupante, que no solo puede afectar a la seguridad jurídica sino también rozar la deseable igualdad entre empresas y trabajadores del país y trastocar el esquema de relaciones laborales —Gobierno, sindicatos, empresas— que rige en España desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores de 1980. Y que tanto ha contribuido a la paz social patria.

Los primeros síntomas de desvarío han comenzado con la publicación del Real Decreto Ley 9/ 2020 de 27 de marzo. En este decreto se cuelan —y utilizo el término deliberadamente— algunas medidas importantes. En primer lugar, la extensión de la prohibición del despido objetivo no solo a las empresas sujetas a ERTE por causa de fuerza mayor —lo que parece, como ya hemos escrito, lógico—, sino también a las empresas que siguen o puedan seguir en el futuro procesos de suspensión de empleo por causas económicas y productivas y que no gozan de los beneficios de las primeras.

Conclusión: misma consecuencia para causas dispares.

En la disposición adicional segunda de este decreto se introduce un articulado sobre el Régimen sancionador y reintegro de las prestaciones sociales que inquieta y además tensiona los límites de la seguridad jurídica. Viene a decir que se someten al régimen de infracciones y sanciones en el orden social “las solicitudes (de ERTE) presentadas por la empresa que contuvieran falsedades e incorrecciones en los datos facilitados”. O sea, no solo las falsedades —lógico— sino también las “incorrecciones”. Átense los machos gestorías, asesorías laborales y las propias empresas para no cometer fallos por lo que les pueda caer encima en los próximos 3 años si existe una revisión de oficio. Tendrán las sociedades que devolver, si se aprecia un error —aunque no haya voluntariedad—, los beneficios de las exenciones sociales con intereses, abonar una sanción y reintegrar al trabajador las nóminas que debieron ser y no fueron.

Y qué decir de la última iniciativa. El Gobierno, según anunció el presidente el sábado por la noche, y aprobó ayer mediante un Decreto-Ley, concederá un permiso retribuido y recuperable desde el 30 de marzo al 9 de abril a los trabajadores activos que no formen parte de empresas que realizan una actividad esencial. Impone por lo tanto la jornada irregular. No cierra esas empresas —lo que le daría ciertos derechos a estas— sino que asume una iniciativa que pertenece al ámbito de organización y dirección del empresario. El matiz es significativo. ¿Por qué estos trabajadores pueden recibir su salario y los sujetos a ERTE por fuerza mayor solo el paro? ¿Por qué las empresas afectadas no pueden acogerse a los beneficios de ERTE por fuerza mayor? Atención al artículo 14 de la Constitución y a sus garantías.

Esperemos que, en todo caso, sean medidas coyunturales y no se aproveche el Gobierno de una contingencia grave para realizar un cambio en la estructura del modelo de contratación laboral sin la participación de los agentes sociales, y menos que trasluzcan una desconfianza en los empleadores que están sufriendo la crisis sanitaria y que padecen y seguirán padeciendo después la crisis social y económica que se avecina.