Zapatero salva el ‘tijeretazo’ por un voto

Los 169 sufragios a favor del PSOE se imponen a los 168 contrarios de PP, PNV, ERC, IU, ICV, UPyD, BNG y NaBai. Las abstenciones de CiU, CC y UPN posibilitan que el plan de austeridad salga adelante.

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europa press / madrid

Ni Alfred Hitchcock pudo escribir un guión mejor para lo que se vivió ayer en la Cámara Baja. El Gobierno consiguió sacar adelante en el Pleno del Congreso el decreto ley con medidas de recorte para acelerar la reducción del déficit, pero lo hizo por un solo voto de diferencia gracias a la abstención de CiU, CC y UPN. Durante el mediodía los socialistas tuvieron que multiplicar sus llamadas y contactos precisamente para conseguir amarrar las abstenciones que le propiciaron sacar adelante la polémica iniciativa.

El texto contó con un total de 169 votos a favor, 168 en contra -de PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD- y 13 abstenciones, las de CiU, CC y UPN que propiciaron la aprobación en una jornada en el hemiciclo sin ausencias. Además, el Congreso decidió que el decreto no se tramitase como proyecto de ley susceptible de ser modificado, a pesar de haber sido solicitado por el PP y el grupo de ERC-IU-ICV, a su vez que apoyado por el resto de formaciones que se opusieron al plan de austeridad.

De esta manera, el Ejecutivo logró dar luz verde a un paquete de medidas que incluye algunos recortes sociales, como la rebaja de los sueldos de los funcionarios o la congelación de las pensiones en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas. Con este decreto, la Administración central pretende reducir el gasto público en 5.250 millones en 2010 y en 10.000 millones el próximo año, lo que supone 1,6 puntos del PIB y debería permitir acelerar así la senda de consolidación fiscal, como ha demandado Bruselas, con la vista puesta en volver a un déficit del 3 por ciento en 2013.

Asimismo, las nuevas decisiones incluyen también la eliminación de la prestación por nacimiento de los 2.500 euros (cheque bebé)a partir de 2011, el recorte de los salarios de los miembros del Gobierno en un 15% y la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial que se aprobó en 2007, lo que supone adelantar el acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, que preveía su entrada en vigor el 1 de enero de 2013.

Igualmente, existen otras pautas encaminadas a reducir el gasto farmacéutico, empezando por reducir el precio de medicamentos no genéricos excluidos del sistema de precios de referencia, de manera escalonada, entre un 10 y un 15 por ciento, teniendo en cuenta el año de registro de los fármacos.

Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, afirmó durante su intervención en el Pleno que es «imprescindible y urgente» el esfuerzo extraordinario para reducir el déficit con mayor rapidez, a pesar de que se trate de medidas «dolorosas», pero «inevitables», porque permitirán hacer frente a las vicisitudes de la crisis, a la demanda del compromiso a todos los países de la UE y a la exigencia de afianzar la recuperación de la economía española. Muy comentado fue que solo la dirigente socialista soportara los ataques del resto de grupos del arco parlamentario, y es que el presidente Zapatero no ejerció el derecho de réplica y prefirió quedarse en su escaño y cobijarse en su pararrayos. En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, Salgado tachó de «muy poco responsable» y «muy poco europea» la postura del principal partido de la oposición y, de hecho, apuntó: «Algún día habrá que recordárselo».

Viendo que el enemigo no les daba ni agua, y para evitar que se desestimara el recurso, los socialistas tuvieron que hacer acopio de sus contactos con el fin de fijar las abstenciones, pero hasta última hora los nervios estuvieron a flor de piel, ya que cuando se llamó por megafonía a votación a los diputados socialistas, aún algunos escaños, que eran determinantes, permanecían vacíos. Entre ellos, el del portavoz de CiU Josep Antoni Duran y dos de sus diputados, que fueron recibidos por los alivios de los socialistas y los uy de los populares.

El secretario general del Grupo socialista, Eduardo Madina, comparó el trance vivido incluso con la aprobación de la Ley de Reforma Política que hizo resoplar a Adolfo Suárez en 1976 y que abrió el camino a la Transición. Asimismo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que el estrecho margen de la votación era «el esperado» y señaló que el PSOE como grupo mayoritario tenía el «compromiso» de sacar adelante un texto que es «difícil». También agradeció a los grupos que «han tenido la responsabilidad de facilitar su aprobación».

Pero faltaba una sorpresa final, un nuevo cambio de última hora, para echarle más pimienta a la polémica. Y es que, minutos después de la victoria pírrica en el Parlamento, Rodríguez Zapatero avanzó que no acudiría, como estaba previsto, a Río de Janeiro para participar, entre otros encuentros, en el III Foro de la Alianza de Civilizaciones. Durante toda la mañana, las redes sociales criticaban ese viaje. Según confirmaron fuentes oficiales, el líder socialista decidió no asistir a dicho cónclave por el Consejo de Ministros de hoy, donde, previsiblemente, se aprobará el techo de gasto de los Presupuestos para 2011, y por las dificultades para cerrar la reforma laboral que, según el plazo que se han dado los agentes sociales, tendría que lograr un consenso antes del lunes.

huelga general. Para colmo de males, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, parece que pierden definitivamente la paciencia y anunciaron que si el Gobierno aprueba una reforma laboral que sea «lesiva» para los derechos de los trabajadores, a través de medidas como el abaratamiento del despido o la rebaja de cotizaciones, convocarán de inmediato una huelga general. El esperado superpacto social puede ser la puntilla o la tabla de salvación del Ejecutivo central.

Tampoco ayudó mucho uno de sus pepitos grillos del secretario general del PSOE, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que pidió evitar en España «declaraciones irresponsables que pueda haber por parte de quien sea» que interfieran en el plan de ajuste diseñado por el Gobierno porque de lo contrario no se logrará aplacar la «enorme volatilidad» y el «nerviosismo» en el mercado. Así se refería a las rectificaciones del Ejecutivo en cuestiones como la fecha a partir de la cual se prohibirá a los Ayuntamientos pedir créditos a largo plazo y similares.