Haciendo honor a su bien ganada fama de político astuto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, parece convencido de que el río revuelto generado por la sentencia del Estatut bien podría servirle para garantizar su supervivencia durante al menos otro año más. Lo que a ojos de tantos se plantea como un nuevo palo en la rueda del socialismo, aún más debilitado por la desafección de su filial catalana, para el secretario general del PSOE bien podría constituir una oportunidad de aprobar los próximos Presupuestos Generales.
Así lo dejó entrever ayer el inquilino de Moncloa, que adelantó su intención de aprovechar el ya casi inminente Debate sobre el estado de la Nación para tantear la disposición de los nacionalistas a respaldar las cuentas públicas de 2011 a cambio de nuevas concesiones que permitan salvar las cortapisas impuestas por el Tribunal Constitucional.
En la jerga grandilocuente de Zapatero, se trata de «perseguir grandes acuerdos parlamentarios, con todos los grupos, para aprobar en el Congreso tres reformas fundamentales: la del mercado laboral, la de la Ley de Cajas de Ahorro y la del sistema de pensiones».
A juicio del máximo dirigente de la formación de Ferraz, que hasta ahora no ha conseguido consensuar el más mínimo pacto de calado con la oposición, la cita parlamentaria de los próximos días 14 y 15 de julio será una «ocasión idónea» para lograr un entendimiento político que genere confianza y ayude a superar la crisis.
Ése fue el mensaje dirigido a CiU y el PNV, puesto que el PP mereció un trato bien distinto. Sin duda resignado a que no hay posibilidad de entendimiento con el principal partido de la oposición, el jefe del Ejecutivo trató de restar crédito político a los conservadores, a quienes acusó, en referencia a la norma autonómica y a la Ley del Aborto, de recurrir ante el Constitucional «lo que pierden siempre políticamente por las mayorías parlamentarias o por la mayoría social».
Desde el partido de Mariano Rajoy, también consciente de que el acercamiento al PSOE es ya misión imposible, se prefirió igualmente mirar hacia la periferia y, siempre con la posibilidad de acuerdos postelectorales con CiU en mente, el líder del PP eludió un día más la polémica en torno al Estatut y se limitó a prometer sentido de Estado» frente a la «frivolidad» y el «cortoplacismo» del presidente del Gobierno.
En su intervención ante la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos, el dirigente conservador afirmó que con la norma catalana ha sucedido «algo similar» a lo ocurrido en la economía española, con «las decisiones y actuaciones» del responsable del Gobierno «generando problemas muy grandes a todo el mundo».
Tras recalcar sin mayores detalles que el PP «siempre» ha mantenido «la misma posición» en torno a la disposición autonómica y «nunca ha engañado a nadie», Rajoy afirmó que los populares acatan la sentencia del Constitucional, aunque haya «cosas que les gusten más y otras que les gusten menos», porque «ésas son las reglas del juego».
Dicho lo cual, Rajoy quiso dejar claro que él no va a contribuir a «la confusión» que está generando el PSOE, con posiciones «diferentes en Madrid y en Barcelona».
Tal abismo entre los socialistas de uno y otro ámbito, lejos de cerrarse, ayer se agigantó un poco más, con un nuevo desafío a la máxima instancia judicial patria. Así, en contra de los pronunciamientos de sus teóricos jefes de Ferraz, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, insistió en que defenderán en Madrid el texto íntegro del Estatut y llamó a una especie de frente catalanista en las Cortes.
No obstante, tales palabras apenas tienen respaldo en la realidad política de la región mediterránea, donde ni siquiera hay acuerdo en torno a la pretendida gran manifestación del próximo fin de semana.
Los desacuerdos son tales que el consenso está ausente incluso a la hora de decidir qué símbolos deben presidir la marcha. Por un lado, el PSC reiteró que su deseo es que solo la senyera encabece la protesta y no algún tipo de lema en contra del Constitucional tal y como prefieren los nacionalistas, convencidos de que ha llegado su momento electoral. Así lo dejó claro el convergente Miquel Roca, quien, en un claro desafío al Constitucional y al Estado de Derecho, proclamó que «no hay sentencias ni leyes que impidan las voluntades fuertes de los ciudadanos».
