Zapatero: asumimos que rectificamos, un principio que está bien para gobernar

Moncloa atribuye a un «error» la prohibición publicada el lunes en el BOE para impedir que los municipios solicitaran créditos en lo que queda de año y en 2011, y rectifica la medida

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El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estimado hoy que es “perfectamente comprensible” que se cambie una fecha en un decreto de la complejidad del aprobado el jueves para reducir el déficit: “nosotros asumimos que rectificamos, es un principio que creo que está bien para gobernar”, ha dicho.

Zapatero ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso tras ser preguntado sobre si asume la responsabilidad de la corrección que ayer publicó el BOE en el decreto, que aplazó a enero de 2011 la prohibición para que los ayuntamientos soliciten crédito a largo plazo.

“Quien no las toma es quien no tiene que rectificar nunca, o quien no las asume; nosotros asumimos que rectificamos, es un principio que creo que está bien para gobernar”, ha concluido.

El Gobierno recula. Como si un enemigo escribiera el guión que marca el día a día del Gobierno, ni siquiera 24 horas después de que el BOE recogiera la sorprendente prohibición a los ayuntamientos para solicitar créditos durante lo que queda de año y en todo 2011, fuentes del Ejecutivo se apresuraron ayer a corregir una iniciativa que había puesto en pie de guerra a los entes municipales. Ahora, los Consistorios podrán pedir financiación externa durante el presente ejercicio, puesto que la restricción no entrará en vigor hasta enero. La rectificación, bien acogida por los alcaldes, sirvió, eso sí, para que toda la oposición se regodeara una vez más en la improvisación de un Ejecutivo que, como denunció el PP, está «completamente grogui» y cuya política económica se ha convertido en un cúmulo de patinazos y desmentidos.

Lo cierto es que, aún a costa de la escasa credibilidad que le restaba al Ejecutivo, tras la nueva marcha atrás, ahora los municipios tendrán todavía siete meses por delante para solicitar créditos públicos o privados que les ayuden a financiar sus proyectos o, simplemente, a pagar las nóminas de sus funcionarios.

La encargada de hacer el papelón de explicar el enésimo error del Gabinete de Zapatero fue la vicepresidenta Salgado, quien restó importancia a la nueva pifia. «Todos los BOE llevan corrección de errores, todos los decretos, y más uno tan complicado como este», explicó la también ministra de Economía desde Bruselas.

«Es verdad que empezaron a llamar algunos alcaldes preocupados», reconoció no obstante la socialista, antes de insistir en que el endeudamiento a largo plazo, ahora parcialmente prohibido, solo puede utilizarse para financiar inversiones. «Insisto, no es para financiar gasto corriente, ni servicios sociales, es para financiar inversiones».

Además, ante las dudas que le plantearon los periodistas con respecto a la posibilidad de que la moratoria de algunos meses concedida a las entidades locales pudiera disparar el endeudamiento con la finalidad de afrontar la sequía de 2011, Salgado descartó tal posibilidad porque los ayuntamientos tienen un límite «en relación con los ingresos anuales que está establecido ya en la ley».

No obstante tales limitaciones, lo cierto es que los munícipes respiraron aliviados al conocer que se amplía en siete meses la posibilidad de pedir prestado dinero y, aunque celebraron tal rectificación, muchos de ellos insistieron en reclamar al Gobierno que también levante el veto para 2011.

No fue así en el caso del socialista y líder de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, quien se atribuyó el mérito de la «corrección» anunciada por el Gobierno y quien, frente a las críticas unánimes de los responsables locales del PP, reclamó mantener «una actitud de Estado» y pidió que el bienestar de la ciudadanía esté «por encima de un puñado de votos o de querer llegar a la Moncloa».

Lo cierto es que tales palabras las pronunciaba mucho más como socialista que como jefe del municipalismo, puesto que en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FEMP que se celebró ayer quedó bien claro que buena parte de los regidores no están de acuerdo con la restricción del crédito y reclamaron que, como mal menor, se levante el veto «al menos durante el año 2011».

Al margen del desacuerdo interno, llama la atención que Castro admitiera públicamente que no tuvo conocimiento de las restricciones impuestas por el Ejecutivo hasta el mismo lunes después de que se publicara en el BOE el decreto ley de medidas de ahorro contra la crisis, lo cual demuestra hasta qué punto Moncloa tenía intención de colar con nocturnidad y sin ofrecer información alguna a la opinión pública un asunto de semejante calado.