Tres de cada diez contratos temporales tienen menos de una semana de duración

Tres de cada diez contratos temporales en España tienen una duración igual o inferior a una semana y más del 90% del total de contratos firmados en marzo tuvo un carácter temporal, según un análisis de los contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo en marzo realizado por UGT.

El sindicato denuncia el aumento de esta práctica “abusiva”, ya que, desde el año 2009, este tipo de contratos de muy corta duración ha aumentado ocho puntos su peso en el mercado laboral, afectando en mayor medida a mujeres y jóvenes: el porcentaje de estos contratos para los hombres es del 25%, mientras que para las mujeres supone un 29% de la contratación total.

Por edades, hasta los 25 años, uno de cada tres contratos registrados tiene esta duración; entre los 25 y los 45 años, el porcentaje se sitúa entre el 25% y el 28%; y a partir de esa edad baja progresivamente hasta el 20%. La mayor parte de estos contratos se concentra en la modalidad de eventual por circunstancias de la producción, donde ocupan 45 de cada 100 contratos registrados en esta categoría. A su vez, más de una cuarta parte de los contratos de interinidad tiene una duración máxima de una semana. De los 402.679 contratos de duración máxima de una semana registrados en marzo, un 59% corresponde a una jornada completa de trabajo y un 41% a una jornada a tiempo parcial. Por su parte, del total de los contratos a tiempo completo, casi la cuarta parte tiene una duración máxima de siete días; en el caso de los contratos parciales, el porcentaje se eleva por encima del 31%.

Destaca la incidencia de estos contratos en las actividades artísticas y de ocio (un 54,4% de los contratos del sector), la hostelería (un 43,4%) y las actividades sanitarias y servicios sociales (casi el 36%). El sindicato advierte de las consecuencias de este tipo de contratos, como el aumento de la precarización en las condiciones de trabajo, de la inestabilidad laboral y familiar y del riesgo de siniestralidad, la falta de formación y la mayor dificultad para el acceso a las prestaciones, de desempleo y de Seguridad Social.

Ante esta realidad, UGT reclama más controles en las empresas y administraciones públicas para estos contratos, sancionando su uso “injustificado” y haciendo cumplir la Ley de la Seguridad Social sobre recargo en las cotizaciones.