Torres-Dulce propone a la Fiscalía catalana una querella contra Mas

La orden se amplía a Joana Ortega, vicepresidente de la Generalitat, y a la consejera de Educación. Una amplia mayoría de la cúpula fiscal reunida ayer apoya la decisión.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reiterará su orden al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que en los próximos días formule una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos de sus consejeras por varios delitos, entre ellos el de desobediencia, por su papel en el denominado ‘proceso participativo’ del 9-N. La decisión cuenta con el aval mayoritario de la cúpula fiscal que se reunió ayer durante algo más de cuatro horas.

La orden de Torres-Dulce, cuya propuesta se dirige contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales, incluirá las precisiones de carácter técnico que se realizaron durante la reunión.

Según las mismas fuentes, además de varias reticencias de carácter técnico referidas a los delitos propuestos, tan solo dos fiscales mostraron dudas de calado sobre la procedencia de interponer una acción penal contra los responsables de la Generalitat. Se trata del fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo y del jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

El primero manifestó reticencias respecto de si una resolución del Tribunal Constitucional, un órgano que no forma parte del ordenamiento jurídico en sí, debe ser considerada directamente ejecutable; mientras que el segundo mantuvo que la acción de la Fiscalía debería realizarse en apoyo a las demandas ciudadanas que ya han llegado contra Mas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El debate se desarrolló en tono cordial y cada uno de los intervinientes fue exponiendo su postura sin que se produjera ninguna votación. Fuentes de la Fiscalía General señalaron que lo ocurrido se inscribe en la “normalidad estatutaria” ante la discrepancia planteada por el fiscal de Cataluña a cumplir la orden que le formuló Torres-Dulce el pasado lunes.

Al término de la reunión, el único en atender a la prensa fue el fiscal del Tribunal Supremo y exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quien afirmó que durante cuatro horas dio tiempo a discutir el fondo de la propuesta de Torres-Dulce y que él se posicionó a favor de la misma.

Propuesta de Torres-Dulce En su propuesta ante la cúpula fiscal, cuyo contenido será el que previsiblemente remitirá la Secretaría General Técnica a la Fiscalía de Cataluña, se sostiene que el contenido de la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 4 de noviembre fue “absoluta, tajante e inequívoca”, “no dejaba margen alguno a la duda» y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado proceso de participación.

Según esta propuesta, que fue defendida por Torres-Dulce durante la reunión, la suspensión del Tribunal Constitucional afectó también a las actuaciones que no se hubieran formalizado jurídicamente “precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación”. En los actos de impulso de estas actuaciones participaron de forma “personal y directa” Mas y su vicepresidenta, según el fiscal general.

“El incumplimiento de dicha orden, consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, lesionó de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional», añade la propuesta de modo tajante. Los hechos a su juicio «integran todos los elementos delito de desobediencia».