La pancarta y simbología en apoyo a los presos, causante del juicio. / EFE
Publicidad

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos en la campaña del 28A, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación.

El presidente catalán, que sopesó no acudir al juicio cuando inicialmente se señaló para un día que coincidía con un pleno del Parlament, llegará al Palau de Justicia arropado por varios de sus consejeros, tanto de JxCat como de ERC, así como por los líderes de las entidades soberanistas, que han hecho un llamamiento a concentrarse en su apoyo.

Torra, el tercer presidente catalán consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista, se juega en el juicio su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme.

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condene al presidente catalán por desobediencia a la Junta Electoral —no está previsto que la sentencia se demore más de unas semanas—, Torra no sería apartado del Govern hasta que el Tribunal Supremo no la ratificara.

El promedio del alto tribunal para resolver recursos no suele ser inferior a los nueves meses, lo que dilataría hasta al menos el año próximo una eventual inhabilitación del presidente catalán. En caso de que se hubieran convocado elecciones antes de que la condena fuera firme, nada le impediría presentarse como candidato.

Con ocasión de su declaración como investigado, el pasado mes de mayo, Torra accedió a contestar las preguntas del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres -desmarcándose así de su predecesor Artur Mas, que en el juicio del 9N se negó a responder al ministerio público-, en una comparecencia en la que invocó la libertad de expresión.

Mandato ciudadano

El presidente catalán admitió ante el juez Carlos Ramos que desobedeció la orden de retirar los lazos, al considerarla “ilegal”, porque se debía a un “mandato superior” de la ciudadanía, en lo que se adivina será el eje de su declaración en el juicio.

Fue la Fiscalía la que, a raíz de una denuncia de Cs, presentó la querella que ha dado pie a juzgar a Torra por negarse a acatar la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos en la campaña de las generales del 28 de abril, unos símbolos que el presidente acabó eliminando del Palau de la Generalitat, aunque ya fuera de plazo.

La Junta Electoral dictó el 11 de marzo su primera orden de retirar los lazos, que el presidente catalán desoyó, por lo que el 18 de marzo se dictó un segundo requerimiento cuya suspensión solicitó Torra, alegando que le era imposible cumplirla.

El presidente catalán sustituyó entonces la pancarta con el lazo amarillo del Palau de la Generalitat por otra igual, de color blanco y con un símbolo a favor de la libertad de expresión, pero la Junta Electoral la rechazó.