El presidente autonómico de Cataluña, Quim Torra, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Parlament. / EFE
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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció ayer que será el Parlament el que dé una respuesta, basada en “la democracia, los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación”, a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’ y avaló la “desobediencia civil”.

Dos días después de superar la moción de censura presentada por Ciudadanos, Torra volvió al Parlament para someterse a una nueva sesión de control, en la que aseguró que, si hay condenas a los líderes independentistas procesados, habrá que responder “con firmeza, serenidad, responsabilidad, determinación” y sin salirse del “único camino” posible, que es el del “voto y la palabra”.

Será el Parlament, manifestó, el que responda a una sentencia que puede ser “el torpedo más grave que puede haber contra la convivencia en Cataluña si no es absolutoria”.

De hecho, los grupos independentistas prevén la convocatoria de un pleno específico en el Parlament para responder a la sentencia, en el que se votarán propuestas de resolución.

No obstante, Torra no quiso entrar en detalles sobre esa respuesta, más allá de subrayar que deberá basarse en “la democracia, los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación”.

Sí recalcó que el independentismo es “pacífico, democrático y no violento”, si bien “es posible que use la desobediencia civil, claro que sí, que también es un derecho, como el derecho a la protesta, a la concentración, a la libertad”.

Lo que descartó categóricamente, a preguntas del presidente del PPC, Alejandro Fernández, es la posibilidad de “abrir las cárceles” catalanas si hay condenas a los líderes del ‘procés’.

Más tarde, en los pasillos del Parlament, Fernández condenó la defensa de la desobediencia civil realizada por Torra: “Lo que hacemos siempre es un llamamiento al orden, a la convivencia y no podemos compartir ningún llamamiento a la desobediencia”.

Tensión y acusaciones

El momento más tenso de la sesión de control fue cuando Torra y el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, se han acusado de “banalizar” la violencia.

“¿Por qué no ha salido a desmentir si el Govern conocía o no los planes de los presuntos terroristas?”, preguntó Carrizosa, que afirmó que el juez de la Audiencia Nacional envió a prisión a los siete CDR detenidos al considerar que había indicios de que “preparaban presuntamente atentados terroristas” y subrayó que los miembros de esos “comandos” no son “héroes, son villanos”.

Torra le preguntó si es que ha tenido acceso a un sumario secreto y si se piensa que la cámara catalana es una “taberna” en la que puede realizar acusaciones sin “aportar pruebas”: “Esto es el Parlamento de Cataluña y aquí no se calumnia”, enfatizó.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, instó a Torra a que, ante la reacción que pueda producirse cuando el Tribunal Supremo emita su sentencia, garantice los derechos tanto de quienes quieran manifestarse como de quienes quieran “ir a trabajar sin participar en estas actividades” de protesta.

Previamente, la portavoz parlamentaria de ERC, Anna Caula, vaticinó que la sentencia “no será absolutoria”, sino que será “de venganza, dura”, y animó al PSC a ser “valiente” y desmarcarse de un PSOE que “propone solo la represión”.

Mientras tanto, la diputada de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas reclamó al Govern mayor implicación para evitar despidos en el tejido industrial catalán ante la “segunda ola de la crisis”.