El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye los hechos relacionados con el proceso soberanista, rechazó ayer excarcelar al expresidente de la Asociación Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre, porque han aparecido a lo largo de la instrucción nuevos elementos de prueba que acreditarían su participación en los hechos investigados, a lo que se añade la persistencia de la reiteración delictiva.
Sànchez pidió al magistrado por escrito quedar en libertad el pasado 12 de enero, un día después de comparecer ante el magistrado, en el que acató expresamente la Constitución y rechazó la unilateralidad de la declaración de Independencia de Cataluña.
Unos días más tarde, el día 26 de enero, el número dos de Junst per Catalunya (JxCat), remitió otro escrito al juez insistiendo en su petición de quedar en libertad en el que argumentó que no hay riesgo de reiteración delictiva y que prueba de ello fue la entrada con toda la normalidad de los agentes de la Guardia Civil en la sede de la ANC en Barcelona, el día 24 de enero.
En un auto con fecha de ayer, el juez Llarena destaca que durante la investigación se han “añadido nuevos elementos de soporte” que hacen ver que la ANC tuvo un “reparto funcional que podría haber contemplado la movilización ciudadana para forzar al Estado a aceptar la independencia”. Agrega además que existía el “conocimiento de la altísima probabilidad” de que esta congregación de personas “desembocara en actos violentos en defensa de la declaración unilateral de independencia”.
Para ello, el magistrado se apoya en el documento denominado ‘Enfocats’, que recoge la hoja de ruta independentista a seguir, en la que Sànchez aparece como miembro del Comité Ejecutivo, y que prevé “como último recurso generar un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano”.
También en la agenda Moleskine intervenida al que fuera número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, Josep María Jové; que según el juez instructor, evidencia” las reuniones de los partidos políticos independentistas y los líderes de ANC y Òmniun Cultural —de esta última Jordi Cuixart, también en la cárcel— y, además, en ella se contempla que la movilización ciudadana es un “elemento estratégico para la consecución de la independencia”.
Actuación compartida
Y, por último, las intervenciones públicas de representantes políticos y de ANC y Òmnium Cultural que “han proyectado la existencia de una actuación compartida”. En este sentido, el juez Llarena destaca que el propio Sànchez llegó a afirmar en una ocasión que “hablaba en nombre del expresidente el señor Puigdemont o de los partidos soberanistas PDeCAT, ERC o la CUP, al tiempo que se ha proclamado garante de que se celebraría el referéndum del que derivaría la declaración de independencia, salvo que el gobierno del Estado lo impidiera con actos impropios”.
El magistrado del Alto Tribunal también cita las convocatorias que se hicieron desde la ANC con el fin de “dificultar la prohibición” del referéndum del 1 de octubre, para “imposibilitar” que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran llevar a término la orden del TSJC de impedir su celebración.
Por otro lado, el juez que investiga el ‘procés’ justifica que, a diferencia de otros investigados que quedaron en libertad bajo fianza, existe un “mayor riesgo de reiteración delictiva”.
