Sanidad interpondrá “la máxima sanción” al dueño de FunnyDent

El consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, considera que el cierre repentino de las clínicas dentales es “un acto de mala práctica y de cobardía”

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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, afirmó ayer que a la Consejería de Sanidad no le “temblará el pulso” a la hora de interponer la “máxima sanción que permita la ley” al propietario de las siete clínicas madrileñas de FunnyDent después de su repentino cierre el jueves, ya que considera ha sido “un acto de mala práctica y de cobardía”.

En ese sentido, Sánchez Martos afirmó que la Consejería de Sanidad requiere de una solicitud de cierre por parte de las clínicas privadas para “garantizar a los ciudadanos que han estado en tratamiento, que van a ser tratados o van a ser derivados a otros centros privados” y por tanto “quede garantizada la sanidad y la asistencia de esas personas”.

De ese modo, el consejero de Sanidad, recordó que la Consejería “no va a admitir ni tolerar” más cierres de centros clínicos privados “si previamente no se han cumplido las instrucciones adecuadas”. Además, añadió que su departamento está para “garantizar la transparencia y la asistencia” de todos los ciudadanos “elijan Sanidad pública o privada”.

Por último, manifestó, tras la detención del responsable de las clínicas dentales privadas FunnyDent, que éste “tendrá que dar la cara”. En este sentido, Sánchez Martos afirmó que desde la Consejería ya se está trabajando en la línea de que “tenga las sanciones que le corresponde”.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja a todos aquellos clientes que se hayan visto afectados por el cierre de Funnydent que denuncien en comisaría, o ante los servicios de consumo, los posibles perjuicios que el cierre haya podido ocasionarles. Además, recomienda conservar cualquier documentación de demuestre la vinculación con la clínica (contratos o facturas), y, en el caso de haber solicitado un crédito para pagar el tratamiento, dirigirse por escrito y de forma fehaciente a la entidad financiera para solicitar la anulación del crédito por no haberse prestado el servicio pactado.