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La Diputación Permanente del Parlament aprobó ayer, con el apoyo de JxSí y de SíQueEsPot y con la abstención de la CUP, recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Gobierno central de aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, interviniendo la autonomía catalana.

JxSí pidió en noviembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalitat concluyó que era susceptible de recurrirse; entre otras razones, porque el cese del Govern no era una “medida necesaria o indispensable”.

Cs, PSC y PP votaron en contra de recurrir al Alto Tribunal la aplicación del 155 porque defienden que era necesario tras la proclamación de la independencia en el Parlament.

El diputado de JxSí Lluís Corominas apoyó el recurso basándose en el dictamen del CGE, y concluyó que la aplicación del 155, con el cese de Carles Puigdemont al frente del Govern y la disolución del Parlament, vulnera el ordenamiento jurídico vigente porque, a su juicio, se han infringido funciones estatutarias y constitucionales que corresponden a la figura del presidente de la Generalitat.

“De la literalidad del 155 en ningún caso se puede presuponer que pueda sustituirse al presidente de la Generalitat y disolverse el Parlament. De todo lo relativo a los derechos fundamentales, si no está expresamente escrito o prohibido, no puede hacerse una interpretación extensiva”, recalcó Corominas, que acusó al Estado de abusar del 155.

Tras reprochar al Estado falta de proporcionalidad, cargó contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, por afirmar en campaña que el PP ha descabezado a los partidos independentistas, lo que evidencia que “la única conjura que ha habido es del Gobierno central, que ha utilizado a los organismos del Estado para anular la autonomía de Cataluña y encarcelar las ideas”, y defendió recurrir a la justicia europea si el TC rechaza el recurso anunciado este miércoles.

La diputada de SíQueEsPot Marta Ribas exigió la suspensión inmediata del 155 para recuperar el autogobierno catalán y volver a una “normalidad democrática” que lleve a la búsqueda de soluciones políticas a través del diálogo y en la que se olviden vías unilaterales, juzgados y la policía.

Además de recordar el recurso presentado por Podemos al TC por la misma cuestión, opinó que el 155 ha traspasado límites democráticos, estatutarios y constitucionales, y argumentó la necesidad de aclarar los límites de su aplicación, sentar jurisprudencia y evitar tentaciones de querer aplicarlo a otros gobiernos autonómicos “por no ser suficientemente complacientes con el Estado”.

En su opinión, el 155 permite dar instrucciones concretas a gobiernos autonómicos “pero no disolver el Parlament y menos aún cesar a un Govern”, destacando que no era la intención del redactado de este artículo.

Desde la CUP, la diputada Gabriela Serra justificó la abstención de su grupo porque no reconocen en el Constitucional ninguna competencia ni autoridad, y ha negado que el 155 sea el despliegue de un artículo de la Constitución porque es “un golpe de Estado” contra la instituciones catalanas.

“Todos los golpes de Estado son siempre inconstitucionales. Un golpe de Estado no vale la pena demostrar su inconstitucionalidad”, subrayó Serra, por lo que cree que nunca se debería haber aplicado el 155.

Constitucionalistas

Cs, PSC y PP, partidarios de la aplicación del 155 tras la proclamación de la independencia, defendieron la medida en tanto que se ha “ceñido” a disolver el Parlament y el Govern, y convocar elecciones.

El portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, consideró que el análisis del 155 se debería haber pospuesto hasta la constitución del nuevo Parlament, “pero se ha querido abusar nuevamente de la mayoría” independentista de la cámara saliente.

El líder del PSC, Miquel Iceta, repasó todas las medidas independentistas que se han aprobado unilateralmente en el Parlament a lo largo de la legislatura, y ha recordado que los socialistas catalanes siempre han rechazado tanto la declaración de independencia como el 155, lamentando que finalmente se hayan producido ambas cosas.

Por último, el portavoz del PP, Alejandro Fernández, coincidió con Iceta en negar la decisión del Parlament, pero aseguró que “que se proponga el recurso porque es reconocer implícitamente la legitimidad el Constitucional”.