Mas mantiene el 9-N y estudia acciones legales contra el Gobierno central

El Consejo de Ministros decide interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva propuesta de consulta

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El presidente de la Generalitat, Artur Mas, mantiene el proceso participativo convocado para el 9 de noviembre y ordenará a los servicios jurídicos de la Administración autonómica que estudie la posibilidad de emprender acciones legales por el “abuso de poder y legal” del Gobierno central, y para proteger las competencias de la Generalitat sobre participación ciudanana.

En rueda de prensa en la Generalitat después de que el Consejo de Ministros haya anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la nueva propuesta de 9-N, Mas afirmó que el Govern catalán completará el operativo de cara al proceso de participación, “que está prácticamente acabado”.

Mas afirmó que los recursos del Ejecutivo central esconden su falta de capacidad política y demuestran que está “actuando con abuso de poder y de derecho porque está utilizando el TC de manera impropia”, haciéndole desempeñar un papel que no le corresponde: resolver un asunto que debe solucionarse políticamente.

Horas antes de hacer estas declaraciones Artur Mas, el Gobierno acordó en su reunión del Consejo de Ministros impugnar ante el Tribunal Constitucional la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat para el próximo 9 de noviembre, basándose en el informe aprobado por el Consejo de Estado que avala esa decisión. El recurso se registró ayer mismo y con él, el Ejecutivo solicitó la suspensión de todas las actuaciones para organizar este denominado proceso participativo, tanto las ya realizadas como las que vengan.

El pleno del Alto Tribunal decidirá el martes la admisión a trámite del recurso y el Ejecutivo espera que Artur Mas “cumpla esta vez la resolución”, advirtió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Santamaría instó al presidente catalán a ser “muy consciente” de que si con la primera consulta vulneraba la Constitución, con esta nueva fórmula “vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna, y eso es un paso más en su responsabilidad”. Sin embargo, no fue más allá de la advertencia y no precisó si el Ejecutivo se plantea acciones legales contra Mas, como máximo responsable del primer referéndum y del lanzamiento de esta alternativa para el día 9, contraria según el Gobierno a la suspensión dictada por el TC.

De hecho, la vicepresidenta hizo hincapié en que uno de los objetivos principales del recurso es defender los derechos de los ciudadanos catalanes a los que, a juicio del Gobierno, Artur Mas está trasladando la responsabilidad de incumplir la ley, una responsabilidad que él “no quiere asumir con su firma”.

“El Gobierno quiere defender los derechos de los catalanes y en especial de los funcionarios, a los que la Generalitat quiere colocar a la intemperie legal”, dijo, recordando el aviso a directores de colegios e institutos para que el día 9 abran sus centros y estos acojan urnas de votación. “Uno de los objetivos fundamentales es proteger a los funcionarios, que se no se vean obligados a incumplir la ley”, añadió.

La vicepresidenta aclaró también que el Gobierno no toma por el momento medidas económicas contra la Generalitat por usar fondos públicos para actos que considera ilegales, como podría ser reducirle partidas de financiación.