Los policías se alinean con el PP y critican la «humillante» redada del ‘caso Palma Arena’

Los acusados, libres tras abonar sus fianzas, atribuyen los 50 millones de sobrecoste a «las prisas» por completar la obra y a «la mala planificación».

A estas alturas, a nadie parece importarle a dónde fueron a parar los 50 millones de euros que se extraviaron durante la construcción del velódromo Palma Arena. Quizá porque la clase política española está más que acostumbrada a que las obras públicas cuesten el doble de lo licitado, lo único que preocupa a populares y socialistas es si los altos cargos del PP imputados por el millonario desvío de fondos fueron tratados con la suficiente consideración por las Fuerzas de Seguridad o si, por el contrario, sus espectaculares arrestos, con esposamiento público y tres días de calabozo incluidos, fueron un fin en sí mismos con el solo objetivo de desprestigiar al partido de Mariano Rajoy.

Así lo pusieron de manifiesto los acusados, que salieron a la calle uno tras otro después de depositar sus respectivas fianzas. Todos ellos criticaron el excesivo celo de la Policía y las malas condiciones materiales de su detención, aunque ninguno aportó luz con respecto al fondo de las acusaciones.

Tan solo accedió a abordar la cuestión el ex gerente del Palma Arena Jorge Moisés, quien dijo tener la conciencia «absolutamente tranquila» y atribuyó el disparatado sobrecoste de la instalación deportiva a la circunstancia de que «las obras se hicieron muy rápido y no se previó desde un principio el coste real». Moisés acusó además al diseñador del proyecto, el arquitecto alemán Ralf Schürmann, que fue despedido apenas comenzaron las obras, de «no haber planificado de forma correcta los costes de la obra».

Más allá de las previsibles exculpaciones interesadas de los imputados, la polémica de la jornada se centró en la indignación popular por el trato dispensado a sus altos cargos durante la redada.

La formación de Génova, que aplazó hasta hoy la celebración de su Comité de Dirección, en el que se analizará la «diferente vara de medir» de la Fiscalía Anticorrupción «según se trate de investigaciones que afecten a personas vinculadas al PP o a otras fuerzas políticas», insistió en denunciar el uso «partidista y sectario» de los aparatos del poder público.

Tales argumentos se vieron firmemente respaldados por las asociaciones policiales, que dieron la razón a los conservadores en sus denuncias de abusos.

Así, el líder del Sindicato Unificado de Policías (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, declaró que el PP «lleva toda la razón», puesto que, a su juicio, la única justificación para esposar a los implicados en el Palma Arena fue para «vulnerar su honor».

Similares fueron los argumentos de la Confederación Española de Policía (CEP), que pidió a Interior que abra una investigación por la actuación de los agentes durante la redada y, concretamente, por el «ensañamiento» y la «humillación» que supuso trasladar a los arrestados al juzgado con las manos atadas y a la vista de todos los medios de comunicación.