Los discapacitados piden que no se recorten sus derechos por la crisis

El representante de la asociación aclara que con la ley actual se atendería al 20 por ciento de la población afectada, y el resto quedaría fuera de los dispositivos de cuidado.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exigió recientemente que en 2012 los derechos y logros conseguidos por este colectivo se mantengan «a toda costa» y no sean susceptibles de políticas de reducción del gasto y recorte, al tiempo que solicitó a los poderes públicos que realicen políticas de inclusión «enérgicas».

El presidente de este organismo, Luis Cayo, calificó de «duro» 2011 para el grupo y sus familias, como consecuencia de la crisis económica, que aunque afecta a toda la sociedad, advirtió de que sus efectos son «especialmente cruentos» con ellos. Así, explicó que están «estructuralmente peor que la media» y que, por eso, en una situación de recesión como la actual, el impacto es más negativo para estas personas.

«Llegamos tarde a la bonanza económica, y somos los primeros en sufrir las consecuencias de los malos tiempos. Es una ecuación muy curiosa», subrayó el máximo dirigente del Cermi, que apuntó que, «a pesar de los pesares», como movimiento social, la crisis hace que reaccionen «con más cohesión y más voluntad transformadora». Y apostilló que «algo tenía que tener de positivo esta situación tan funesta».

Sobre la aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, Cayo señaló que la norma habría supuesto el «ideal» para algunas personas con discapacidad, pero que no lo ha sido «ni de lejos».

Asimismo, aclaró que con la ley las necesidades de inclusión de este colectivo estarían resueltas o en vías de resolverse: «Se atendería tan solo al 20 por ciento de los necesitados y el resto, el gran grueso de los afectados, queda y quedará fuera de esa norma y de sus dispositivos de atención».

En este sentido, subrayó que la dependencia es solo una «provincia» del problema general, ya que «todas las personas en dicha situación son ciudadanos con minusvalía, pero no todas las personas con discapacidad son individuos en situación de estar dentro de la norma», advirtió el dirigente.

El presidente del Cermi apuntó, además, que estos últimos meses están siendo «especialmente alarmantes» en el proceso de implantación de una norma, que, por otra parte, aseguró que, lamentablemente, «nunca ha podido calificarse de modélica». «No solo hay tentaciones, hay evidencias de desear paralizar o ralentizar una norma que siempre ha estado en entredicho», aseguró.

Con todo, afirmó que se trata de una norma «positiva» para las personas con discapacidad, pese a las «deficiencias» del modelo, y pidió que a los casi cinco años de su aplicación, lo que corresponde ahora es «hacer valorar lo realizado y plantear las reformas y las revisiones que la mejoren» para el bienestar de las personas afectadas, concluyó.