Los centros de internamiento de ‘ilegales’ son pozos «infrahumanos»

Un estudio de la Comisión de Ayuda al Refugiado denuncia «maltrato y tortura»

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Lejos de poner fin a su odisea, el viaje en patera o en los bajos de un camión apenas representa el comienzo de la pesadilla para los millones de extranjeros que emprenden la búsqueda del paraíso occidental. Una vez en la tierra prometida, los sin papeles no encuentran sino rechazo por parte de una sociedad que no está dispuesta a compartir la opulencia ni a dedicar recursos para atender a los intrusos que amenazan su precario estado del bienestar. Como fiel reflejo de esa marginación, los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) distan mucho de ser casas de acogida con espíritu humanitario y se convierten más bien en prisiones encubiertas cuya misión primordial es mantener apartados a los inmigrantes.

Ésa es al menos la visión que se desprende del informe presentado ayer por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el que se pone de manifiesto que las ocho instalaciones que existen en España destinadas a albergar a los inmigrantes que van a ser expulsados «son un agujero negro de los Derechos Humanos», donde las personas se encuentran en situación «infrahumana» y en ocasiones sufren «malos tratos y torturas».

El trabajo, elaborado en colaboración con el Servicio Jesuíta de Ayuda al Refugiado en el marco de su programa (Devas) de monitorización de los CIE en 23 países europeos, recoge un centenar de entrevistas realizadas a funcionarios, directores e internos de tres centros elegidos aleatoriamente tras visitar las instalaciones de Aluche (Madrid), Capuchinos (Málaga) y Zapadores (Valencia) con la autorización del Ministerio del Interior.

Según explicaron el director del estudio y psiquiatra Pau Pérez y el secretario General de CEAR, Alfredo Abad, de dichas charlas y de las pesquisas de los investigadores se desprende que el CIE de Valencia es el de «condiciones más duras», seguido de los de Madrid y Málaga. No obstante, más allá de ese ranking, «en todos ocurren cosas que no deberían ocurrir», según lamentó Pérez.

En un intento por derribar lugares comunes, el dossier desmiente que un buen número de los internos sean delincuentes, ya que «la mayoría son ciudadanos normales y corrientes que llevan mucho tiempo en España» (el 48,6 por ciento) y que han cometido una simple falta administrativa, ya que «solo el 21,6 por ciento habría sufrido una detención anterior en España, el 14,9 por causa penal».

Por nacionalidad, el 20 por ciento de los internos son africanos que han sido interceptados cuando viajaban en pateras, otro 20 por ciento, africanos que llevan más de cuatro años en España, un 20 por ciento ciudadanos asiáticos y del Este de Europa y el 40 por ciento restante, latinoamericanos que no han podido regularizar su situación.

Según se denuncia, «la mayoría ignora por qué está allí» y seis de cada 10 «no conocen el nombre de su abogado, ni tienen forma de contactar con él»; tampoco se les informa de las posibles vías de queja, no tienen trabajadores sociales a su disposición y, en muchos casos, carecen de traductor.

En cuanto a las instalaciones, el informe refleja «problemas que afectan a la dignidad», como que los internos no dispongan de una muda y permanezcan durante días con la misma ropa interior, que no tengan sábanas, que deban hacer sus necesidades en una botella por no poder salir al baño durante la noche o que estén hacinados en espacios húmedos y oscuros.

Por otra parte, el 32 por ciento de los internos dice sufrir un trato negativo, verbal o físico, dentro del centro y un 17,7 señala que existe «discriminación». «La queja más generalizada es de maltrato selectivo hacia los magrebíes». Para el 25,4 por ciento de los encuestados existen malos tratos, que el 19,6% achaca a «policías o funcionarios que, a título individual, tienen actitudes vejatorias, con gritos, maltratos o golpes (sobre todo en Madrid y Valencia)». El informe llega a hablar de «actos calificables como de tortura a internos», que habrían sufrido el cuatro por ciento de los moradores y que «merecerían una intervención decidida contundente del Ministerio del Interior».