La parálisis del ‘Estatut’ ensancha la brecha entre Montilla y Zapatero

El presidente catalán contradice expresamente a la cúpula del PSOE y reclama la inmediata renovación de un Tribunal Constitucional que, a su juicio, ahora carece de toda legitimidad

Poco importaba que el Constitucional dictase o no sentencia sobre la reforma del Estatut, porque los socialistas catalanes, desde hace semanas plenamente inmersos en la precampaña de las autonómicas de este otoño, ya tenían claro que su estrategia para tratar de mantener la hegemonía electoral pasa necesariamente por disputar votos al nacionalismo y, en consecuencia, por desmarcarse del PSOE, que, hoy por hoy, representa el centralismo y la crisis económica. Así que, no se sabe bien si frustrados por el nuevo retraso de la resolución, o aliviados ante la nueva prórroga que les ha concedido la máxima instancia judicial patria, los presuntos compañeros de Zapatero en la región mediterránea, encabezados por el president José Montilla, comenzaron ayer su campaña de desmarque con respecto a Madrid.

A falta de una resolución que criticar, el cordobés se dedicó a intentar torpedear al Constitucional y, en contra de lo proclamado por el PP y por los propios dirigentes nacionales de la formación de Ferraz, prefirió solapar las iniciativas de CiU y reclamó la renovación inmediata de un organismo cuya legitimidad está en entredicho a cuenta de la interinidad en la que trabajan varios de sus integrantes.

Cabe recordar que uno de sus 12 miembros está recusado, otro falleció, y el mandato de cuatro ha expirado desde hace muchos meses.

En definitiva, a juicio del líder regional, que desestimó la propuesta de su antecesor, Pasqual Maragall, para que se convoque un más que previsible fallo restrictivo, la única iniciativa que cabe ahora es elegir a los nuevos jueces del Constitucional, una tarea que abordará con Zapatero y Rajoy «a lo largo de las próximas semanas».

A la hora de explicar los problemas, exclusivamente políticos, que lastran la renovación, Montilla aseguró que el inquilino de Moncloa le ha comunicado su «predisposición» a abordar la cuestión y recordó que el proceso quedó «encallado» por los dos nombres que puso sobre la mesa el PP, que sugirieron a «dos personas de perfil muy conservador y discutible prestigio y capacidad» -en referencia al ex presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, y al ex portavoz del Consejo Enrique López-.

Los planteamientos del PSE fueron secundados con entusiasmo por CiU, encantada de ver agrandarse las grietas en el seno de su principal rival en las urnas, y que pidió su apoyo a los diputados catalanes en el Congreso para impulsar una proposición de ley que establezca que, si en seis meses no se ha renovado a los cuatro jueces cuyo mandato ha expirado, todos ellos tengan que dejar su responsabilidad.

Por boca del secretario general de UDC, Josep María Pelegrí, los nacionalistas catalanes se sumaron a las críticas hacia la postura de Rajoy y del ministro de Fomento, José Blanco, que rechazan cambiar las reglas a mitad del partido, una circunstancia que, a juicio de los independentistas, demostraría que populares y socialistas tienen «intereses comunes para ir contra Cataluña» y buscan violentar las instituciones catalanas. La coalición también lamentó que el presidente de ERC, Joan Puigcercós, afirmara que Cataluña está «en el corredor de la muerte». De hecho, acusó a los republicanos de ser los responsables de la situación actual. «Esquerra está participando de un Ejecutivo pro-Estatut porque ha sido incapaz de levantar la voz en cuestiones de autogobierno fundamentales para Cataluña», sostuvieron los convergentes.

Ajeno a tales críticas, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Ridao, aseguró que el Estatut está «sentenciado», porque si se impone la postura de los conservadores «será destrozado», pero si predomina la opción progresista también sufrirá «cambios sustanciales».

También terció en la polémica la número dos de los populares, María Dolores Cospedal, quien replicó a Montilla que el responsable «de sus males» y quien está «jugando, mintiendo y frustrando» sus expectativas sobre el Estatut no es otro que el presidente Zapatero. Tras lamentar que el cordobés «proyecte su frustración» con insultos a dirigentes de otros partidos, la manchega recordó que hace dos años José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy llegaron a un acuerdo para renovar el Constitucional, que el PP propuso a sus candidatos y que, al final, el PSOE no quiso ni siquiera plantear los suyos, impidiendo así la renovación.

No obstante, defendió nuevamente la legitimidad del alto tribunal en su composición actual para emitir un fallo sobre la norma autonómica y censuró que se ponga «en tela de juicio» a las instituciones.

Curiosamente, tal razonamiento fue compartido por la secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, quien reiteró la «plena legitimidad» del Constitucional, una postura que no hacía sino secundar las palabras de su jefe y número dos socialista, José Blanco.

En todo caso, cómo no, Pajín achacó la parálisis al PP, cuyo consenso es imprescindible y que «ha estado bloqueando» este asunto hasta ahora.

Ya lanzada, la socialista proclamó que los conservadores no solo están detrás del inmovilismo judicial, sino de toda la actual polémica estatutaria, puesto que fueron ellos quienes recurrieron el Estatut y «recorrieron toda España intentando enfrentar a unas comunidades con otras».