La Justicia saca a la luz un sinfín de asuntos turbios de Pantoja y Muñoz

El sumario recoge el trasiego de cantidades millonarias, que no se declararon a Hacienda ni se ajustan a las actividades profesionales del antiguo regidor o de la tonadillera.

Ante el aluvión de evidencias, meridianamente reflejadas en sus cuentas corrientes, que podrían llevar a la cárcel a la folclórica Isabel Pantoja por haber participado con fruición en la orgía de desfalcos y corruptelas urdidas por su entonces novio y ex alcalde marbellí Julián Muñoz, la tonadillera emitió ayer un comunicado en el que, a falta de argumentos para probar su inocencia, advirtió de que «cualquier información, tertulia, comunicación o comentario especulativo» sobre este caso «carece de todo fundamento y responderá, sin duda, a oscuros intereses de quien los mantenga».

No queda claro si entre esos turbios promotores queda incluido el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que ha decidido continuar la causa por blanqueo de capitales contra Pantoja y Muñoz, junto a otra docena de imputados, incluida la ex esposa del antiguo regidor, Maite Zaldívar.

Según consta en el sumario, la cantante, que ingresó en efectivo en 2002 menos de 5.000 euros, multiplicó tales cantidades por 100 entre 2003 y 2006, casualmente la época durante la cual mantuvo un noviazgo con el ex alcalde marbellí. Según se refleja además en el auto que pone fin a la instrucción del caso y lo deja listo para ir a juicio, entre otras cuestiones, por la adquisición de un apartamento en el hotel Guadalpín de la capital de la Costa del Sol por valor de 330.000 euros y otro inmueble en Nueva Andalucía -en la urbanización La Pera-, en cuatro años, la cuenta de la flamenca acumuló más de 474.000 euros a través de movimientos en efectivo.

También fueron escandalosos los ingresos en las cartillas de Muñoz, Zaldívar y la hija de ambos, también imputada, de cantidades «cuyo origen no se explica con el regular ejercicio de la actividad pública del primero, única fuente de ingresos de la familia». Así, en 1997, los gastos superan a los ingresos regulares en 45.800 euros; mientras que en 1998 «aparecen sin justificar» 52.500, según la resolución, en la que se destaca que en 2001 «el desfase es de 109.794 euros».

Además, el juez indica que las relaciones entre el ex alcalde y diversos familiares sugieren que «existen indicios de haber realizado actos de adquisición y transmisión de participaciones por su nominal para ocultar el inmueble» del que es titular una empresa, y apunta que para la presunta ocultación de ese patrimonio «de origen sospechosamente ilícito» se creó «un entramado societario».

Respecto al hermano de Zaldívar, que reconoció haber recibido dinero por parte de Muñoz hasta en cuatro ocasiones, el instructor concluye que hay «claros indicios» de que, conociendo la actividad pública del ex alcalde, «alguna sospecha debería haber tenido de que la elevada cuantía de dinero que manejaba y con el que adquiría bienes a su nombre, podía no proceder de una actividad lícita».

En tal sentido, la resolución constata que también existen «supuestos de transferencias directas» de dinero a través de sociedades, ocultándose el país de origen.

En este apartado, se imputa al director de una sucursal bancaria, amigo de la familia Zaldívar desde hacía años.

Noviazgo ‘aprovechado’

En cuanto a Pantoja, el auto recoge «indicios» de un posible delito de blanqueo y apunta que «era de dominio público» que mantenía con Muñoz «una relación sentimental a partir del segundo semestre del año 2002», además de que «su propia actividad profesional no justifica la capacidad económica para hacer frente a las inversiones realizadas».

En tal sentido, analiza la adquisición por parte de la folclórica de un apartamento en el hotel Guadalpín a través de una empresa, con escritura pública otorgada por Aifos en 2003, aunque en la contabilidad de la sociedad «no se incluye dicha compra» hasta años más tarde. Además, «no se detecta el pago para la adquisición del inmueble», según el auto.

En el escrito, se indica que «llama la atención» que, dos días después del otorgamiento de dicha escritura, el entonces alcalde alzó la paralización de obras acordada en relación a un expediente cuyo titular era una de las empresas vinculadas al hotel Guadalpín.

También se analiza la adquisición de la finca Mi Gitana, una operación por la que también se acusa al ex edil marbellí Manuel Calle, que «facilitó y actuó de intermediario en la adquisición de la vivienda»; y a la administradora de la compañía vendedora, presuntamente vinculada a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, procesados en el caso Malaya.