La hora de Ana Mato

La ministra de Sanidad presenta en el Congreso la hoja de ruta de su departamento, que está centrada en el aborto y la Dependencia

3

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, detallará este miércoles, en su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, las líneas generales que prevé emprender al frente de su departamento, entre las que destacan asuntos como la reforma de la Ley del Aborto, el desarrollo de la Ley de Dependencia o la sosteniblidad del sistema público de Salud. A lo largo de febrero, la política popular se estrenará en el grupo de Igualdad.

La madrileña podría detallar la reforma que pretende abordar el Gobierno en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010, que contempla que las menores de edad no puedan abortar sin conocimiento ni consentimiento de sus padres, y defender el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional, tal y como avanzó la semana pasada el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la Cámara Baja.

Así, la titular de Sanidad compartirá junto al exalcalde esta iniciativa: el departamento de Mato llevará a cabo los estudios pertinentes para la viabilidad de la modificación normativa, mientras su colega tramitará la reforma de la norma.

Según aseguraron fuentes oficiales, la modificación de la polémica norma irá más en la línea de un código de supuestos, en lugar de los plazos actuales, y defenderá los derechos del no nacido, siempre que éstos no entren en colisión con otros. En cualquier caso, la reforma seguirá la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en 1985.

En su toma de posesión al frente del Ministerio, Mato prometió reformas para mejorar los servicios básicos para los ciudadanos, en colaboración y diálogo permanente con las comunidades autónomas, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y organizaciones de consumidores y usuarios.

Según señaló, «lo esencial» para su departamento son «las personas y su mayor bienestar», destacando, sobre todo, a jóvenes, mayores, niños y dando «especial atención» a quienes «tienen las dificultades o sufren algún tipo de discapacidad».

En este sentido, otro de los frentes abiertos que mantiene la titular ministerial es la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que el pasado 14 de enero cumplió cinco años en vigor, con 754.713 personas atendidas, 315.244 a la espera de recibir una prestación o servicio, y muchas dudas sobre su viabilidad. La ministra ya anunció cambios en el modelo de financiación de la ley, pero todavía debe concretarlos.

La dirigente mantuvo su primer contacto parlamentario el pasado 18 de enero, en la sede de su Ministerio, con los portavoces del Congreso de las distintas comisiones relacionadas con su gestión, en un encuentro que distintos asistentes tildaron de «cordial» y «productivo», y que la ministra tiene intención de convertir en reuniones «periódicas».

Entre otros aspectos, Mato también deberá dar la cara ante su compromiso de pagar la deuda que mantienen las Administraciones Públicas con los laboratorios farmacéuticos, tal y como aseguró tras mantener una reunión con Farmaindustria la pasada semana, en la que les garantizó la creación de «un marco normativo estable y predecible para el sector». Solo en deuda hospitalaria, las comunidades deben más de 5.800 millones de euros a los diferentes proveedores.

Por otro lado, tanto los diputados del PSOE como los de IU recriminarán a la titular de Sanidad las amenazas de copago sanitario que están teniendo lugar en algunas regiones como Cataluña, donde los pacientes tendrán que abonar un euro por cada receta expedida, o en Baleares, donde habrá que pagar una cantidad determinada por renovar la tarjeta sanitaria.

Finalmente, la titular de Sanidad y Servicios Sociales deberá responder a las demandas de los partidos catalanes que, tal y como han manifestado, cuestionarán a la ministra sobre el fallo del Tribunal Supremo por el que las regiones pueden gestionar y territorializar la contribución de la casilla del 0,7 por ciento del IRPF destinada a los fines sociales en la declaración de la renta.